Francisco Miranda Hamburger
brújula

Municipios mineros deben acatar

Es claro que a las empresas mineras y petroleras no les conviene llegar a municipalidades con altos niveles de rechazo.

Francisco Miranda Hamburger
Director de Portafolio
POR:
Francisco Miranda Hamburger
octubre 30 de 2019
2019-10-30 08:47 p.m.
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Por varios años las actividades extractivas no tuvieron claridad sobre la capacidad de los municipios para prohibirlas dentro de sus territorios. Mediante acuerdos en los concejos municipales o consultas populares, muchas jurisdicciones decidieron y votaron tanto por desterrar la minería, como hacer lo propio con la explotación petrolera.

El 11 de octubre del año pasado la Corte Constitucional emitió la sentencia SU-095 que dirimió ese debate nacional: ningún ente territorial puede vetar este tipo de actividades. No obstante, de acuerdo a registros del Ministerio de Minas, al menos nueve municipios aprobaron, vía acuerdo, prohibiciones.

Los concejos de Gachantivá (Cundinamarca), Puerto Guzmán (Putumayo), Roncesvalles (Tolima), Salento (Quindío), Saravena (Arauca), Une (Cundinamarca), Yopal (Casanare) y Jericó (Antioquia) aprobaron normas locales que van en abierta contravía con la disposición del alto tribunal.

Esta es una situación que debería aclararse no sólo en estas nueve localidades, sino en todo el territorio nacional. No se puede negar que, aún en las regiones con larga tradición minera o petrolera, un porcentaje de los habitantes rechazan esas actividades por diferentes razones que incluyen insatisfacción por la falta de empleo y la preocupación por el impacto ambiental.

También es cierto que la opinión pública en las grandes capitales y zonas urbanas alejadas de las operaciones extractivas, es más reacia a respaldar la minería y la explotación petrolera que las regiones productoras.

Pero la Corte ya ha manifestado que los caminos democráticos para dar el debate de la prohibición no pasan por los acuerdos municipales. Es claro que a las empresas mineras y petroleras no les conviene llegar a municipalidades con altos niveles de rechazo. A ellas les cae la responsabilidad de establecer vías de diálogo con las comunidades y persuadirlas de los beneficios. Pero prohibir por los concejos ya no es una opción legalmente aceptable.

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