El pasado fin de semana la Registraduría Nacional del Estado Civil suspendió el trámite de las 58 revocatorias de mandato y dos solicitudes de referendo que se seguían en el organismo electoral. Este freno se mantendrá hasta que el Ministerio de Salud autorice la posibilidad de recoger firmas en medio de una pandemia.
No es una decisión fácil ya que tanto la revocatoria del mandato local como los referendos son instrumentos de democracia participativa, contemplados en la Constitución de 1991 y a los que los ciudadanos tienen derecho. En las casi tres décadas de la Carta, 69 procesos de revocatoria de 168 han llegado a las urnas y solo uno ha cumplido con los requerimientos de ley. Es evidente que ambas figuras necesitan cambios en su diseño que incluyen tiempos, exigencias y umbrales.
Si bien los distintos promotores han criticado la decisión por su innegable golpe al ejercicio de la democracia participativa, le asiste razón a la Registraduría al elevar a las autoridades sanitarias la necesidad de lineamientos de salud pública.
La pandemia, como situación extraordinaria y de emergencia, ha requerido la suspensión, la modificación o el endurecimiento de medidas en distintos frentes de orden público, servicios básicos y también el ejercicio de derechos ciudadanos. Recoger firmas en las calles en medio de la actual crisis del coronavirus es un acto que pone en riesgo la salud y debe ser regulado. Y si de esta regulación surgiera la suspensión permanente, debería acatarse.
Otro argumento distinto es sobre la utilidad del mecanismo y los 200 mil millones de pesos que costarían los procesos en marcha. Es evidente que las prioridades hoy son otras.
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