Como es costumbre dentro de las discusiones que desata un proyecto de reforma tributaria, surgen las distintas voces gremiales y sectoriales que reclaman o critican el aumento en sus impuestos o el fin de una exención o un beneficio. Este es un legítimo ejercicio que hace parte de los debates propios de la democracia, y en especial los que definen las reglas del juego fiscal.
Uno de esos llamados de alerta compete al sector tecnológico y de las TIC. Varias voces gremiales y empresariales han señalado que la iniciativa legislativa del Gobierno Nacional desataría un efecto en contravía con las políticas de transformación y cierre de brechas digitales.
La pandemia del coronavirus ha demostrado la necesidad y la urgencia del acceso equitativo y productivo de la tecnología a todos los estamentos de la sociedad tanto colombiana como del resto de América Latina.
Los drásticos cambios en el entorno laboral, la consolidación de trabajos basados en aplicaciones, el uso de plataformas digitales para el estudio y las empresas, entre otras dinámicas exacerbadas por la crisis, empujan hoy en día a los gobiernos al despliegue de políticas eficientes de promoción y adopción de las TICs.
De hecho, la administración Duque ha sido un promotor de iniciativas de transformación digital del Estado, las empresas, los hogares y las personas.
Aumentar la carga tributaria a celulares de baja gama, al alojamiento de páginas web, a los servicios tecnológicos del estrato tres, al almacenamiento en la nube, entre otras medidas, podría convertirse en un obstáculo adicional en la consolidación de estas políticas. Ahora que el Gobierno busca construir un consenso, sería necesaria una revisión de estas medidas.
