Sin la menor duda, entre los múltiples problemas que agobian a la sociedad colombiana, el del desplazamiento forzado constituye el más serio y complicado de todos. El hecho que más de tres millones de compatriotas deambulen por la geografía nacional, sin rumbo ni destino previsibles, pone de manifiesto la complejidad del asunto, que por cierto no ha recibido la atención y el cuidado necesarios por parte de la sociedad.
De acuerdo con la opinión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la medida en que el número de personas desplazadas continúe creciendo anualmente, las posibilidades de encontrar solución a la situación de los, al menos, tres millones de personas desplazadas, van a ser cada vez más difíciles.
Tanto la capacidad institucional y las limitaciones de recursos, como la misma existencia del conflicto armado, establecen restricciones para lograr el impacto esperado en materia de atención a esa población.
Si en todos los años se siguen presentando más de trescientos mil nuevos desplazamientos -el problema de las cifras debe ser resuelto, pues en ese aspecto existe un verdadero caos por cuenta de las diversas fuentes-, los recursos que el Estado y la sociedad como un todo invierten a favor de estas personas continuarán siendo insuficientes y la vulneración de sus derechos seguirá siendo una constante.
Abordar la prevención del desplazamiento, anota el Comisionado, implica ir más allá de afirmar que para superarlo se requiere resolver el conflicto. Es un hecho que mientras persista, independientemente de la definición que quiera dársele, habrá desplazamiento.
Esta realidad implica el deber de encontrar nuevas formas de prevención, aún en medio de su dinámica. Más aún cuando, como lo ha demostrado la historia vernácula, las vías de solución -bien sean militares o políticas- siempre han generado impacto negativo sobre la población, en el corto y en el mediano plazo.
La estimación de la magnitud del problema del desplazamiento, la caracterización y el registro de la población desplazada hacen parte del conjunto de elementos que mayor incidencia tienen dentro de lo que podría llamarse el orden lógico hacia la superación del estado de cosas inconstitucional, denominación que le dio la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004 y que ha servido para hacerle un riguroso seguimiento a las políticas públicas aplicadas para enfrentarlo.
A este propósito, es bueno no olvidar que la superación del estado de cosas inconstitucional implica el conocimiento sistemático de la magnitud del problema y de sus características. La subestimación de la primera y como consecuencia, la insuficiencia de la respuesta, contradicen este fin.
Las autoridades han estimado públicamente que en la actualidad el número de desplazados podría ascender a tres millones de colombianos. No obstante, se desconoce la metodología empleada para el cálculo.
Es evidente, por supuesto, que con las imprecisiones en el manejo de la estimación se corre el riesgo de generar incertidumbre en: los funcionarios responsables del diseño y la ejecución de las respuestas; la comunidad internacional, que busca complementar los esfuerzos estatales; la sociedad, que pretende cumplir con su deber de solidaridad, promoción de la respuesta y control social de la gestión pública; y la población desplazada, para la cual podría no resultar clara la posición de las autoridades. Hasta aquí la introducción al problema más complicado que aqueja al país.
rosgo12@hotmail.com
Desplazamiento: un problema serio
Las autoridades han estimado que en la actualidad el número de desplazados podría ascender a tres mi
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Gabriel Rosas Vega
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