El discurso es bueno para muchos, pero no para todos. Hace unos días, Rudolf Hommes abogaba en su nota semanal por la privatización del Estado, que, en su opinión, no puede seguir manejándose como si fuera una piñata. Aunque considero válidas muchas de las reflexiones del inteligente y competente autor del escrito, hay aspectos que me causan problema porque no logro satisfacer ciertas inquietudes que tengo sobre el particular.
Muchas veces se ha sostenido la tesis de que el Estado no puede estar en manos de la clase política tradicional, que comprende los caciques y barones electorales, es decir, los politiqueros, porque el usufructo de los bienes del Estado solo los favorece a ellos.
La apreciación puede ser cabalmente cierta, pero tengo dos inquietudes. Una, ¿qué implica la privatización? –el traslado de las competencias de manejo y administración a un grupo social que no tiene responsabilidad política de ninguna naturaleza y responde solo a sus propios intereses y poco a los de carácter social–. A tal efecto, es necesario contestar: ¿qué es responsabilidad política? En mi sentir, es la obligación que tiene cada ciudadano de dar cuenta y razón de sus actos y de su comportamiento en el seno de la sociedad, lo cual entraña unas reglas de juego que deben ser observadas de manera rigurosa, pues infringirlos implicaría sanciones. Francamente, creo que es viable el manejo del concepto del sector público como una de las partes que conduce al Estado, que centralizarlo todo en el sector privado.
Para evitar los extremos viciosos, creo que es indispensable buscar eliminar de la escena la presunción de que la política no es una actividad honesta y necesaria, sino reprobable. Ello, porque jamás existirá un Estado sin política.
Asimismo, en el caso de quienes ejercen la actividad, no pueden seguir encasillándose en la idea de que todos son vagabundos y abusivos que exprimen o chambonean a su antojo, causándole enormes pérdidas al patrimonio nacional. Sin la menor duda, estos especímenes deben ser proscritos y sancionados por la sociedad, de manera que se sanee el manejo del Estado.
Dos, ¿es mejor un monopolio privado que uno estatal? Por supuesto esta dicotomía tiene sus problemas, porque si se parte de la base de que la política y quienes la ejercen son ineficientes y corruptos, naturalmente encaja bien la opinión de Hommes; empero, no alcanzo a vislumbrar cómo se puede eliminar del escenario total la política como la base de la democracia.
Si bien como lo decía el canciller Churchill, la democracia es el peor de los sistemas, pero el único utilizable para conducir los países, no se puede echar por la borda la base de la estructura institucional de las naciones, que consiste básicamente en la competencia para lograr la primacía en la conducción de los pueblos. Dicho de otra manera, arrebatarles a los miembros de la sociedad la capacidad de selección entre una y otra alternativa (sector privado, sector público) no puede resultar conveniente para nadie. Esto en modo alguno quiere decir que se toleren vagabunderías y toda suerte de estropicios, solo porque se debe conservar la posibilidad de preferir al sector privado.
Mi apoyo a la vigencia del precepto de que los funcionarios públicos no deben ceder a presiones o halagos de los jefes políticos o de los agentes privados, es absoluto.
Gabriel Rosas Vega
Exministro de Agricultura