El centralismo que desconoce las dificultades de las regiones, se convierte en la peor política para responder a sus carencias y una manera eficiente de condenarlas al olvido y la soledad. Eso ha pasado históricamente en el país con todos aquellos departamentos y municipios de la “Colombia profunda”. Pero, lo que hasta ahora parecería inédito, es observar cómo dos gobiernos se pusieron de acuerdo para darle la espalda a las fronteras comunes.
Desafortunadamente, estas diferencias que han significado la ruptura de las relaciones diplomáticas, consulares y en consecuencia, el abandono de más de tres millones de ciudadanos colombianos que viven en Venezuela y cerca de un 1’800.000 migrantes que han llegado a Colombia en los últimos cinco años, no parecerían ameritar la búsqueda de un entendimiento que implique soluciones integrales frente a esta problemática cada día es más compleja.
A lo anterior, se suma la decisión de cerrar el transporte terrestre de mercancías en la frontera común entre el Norte de Santander y el Táchira, así como permitir un funcionamiento totalmente inestable en las de la Guajira y Arauca. Hoy se cumplen cinco años de esta absurda situación. Mientras tanto crecen las dificultades para la ciudadanía fronteriza de los dos países que se hunden cada vez más en la miseria y el subdesarrollo. La realidad no admite interpretaciones: la crisis es absolutamente evidente e innegable en los sectores productivos, comerciales, en los servicios de transporte, aduaneros y de logística. Además, aumentan hasta niveles insospechados el desempleo y el subempleo, la pobreza, la violencia, el contrabando, la ilegalidad, la xenofobia y en general, el deterioro de las condiciones de seguridad.
Las voces de las organizaciones sociales, de los gremios empresariales, de las instituciones humanitarias y multilaterales y de las iglesias, deben ser escuchadas.
Con claridad, respeto y transparencia han planteado soluciones totalmente factibles, tales como la indispensable apertura del transporte terrestre cumpliendo con todos los protocolos de seguridad, con el objeto de disminuir la migración “pendular” ilegal que implica riesgos sanitarios y para la salud. Así mismo, alertan sobre la urgencia de generar hacia el inmediato futuro condiciones que permitan el flujo ordenado de ciudadanos de ambos países.
De otra parte, será necesario promover las condiciones de complementación industrial y productiva, de transporte y logística que contribuyan a la recuperación de los tejidos empresariales para recuperar el empleo y generar ‘círculos virtuosos’ en la integración binacional, en desarrollo y sostenibilidad, constituyéndose en un mecanismo efectivo y eficiente para mitigar la acción delincuencial de los grupos ilegales.
Las respuestas frente a la tragedia que viven las fronteras no dan espera. Constitucionalmente los gobiernos tienen la opción de delegar en los mandatarios regionales para que, con base en el respeto de sus directrices políticas, firmen acuerdos económicos, sociales y de salud, que respondan a las carencias descritas y al rescate del papel de instituciones regionales y de legalidad. No podemos esperar cinco años más dando la espalda a la realidad.
Germán Umaña Mendoza
Profesor universitario.
germanumana201@hotmail.com