El más aberrante acuerdo que se ha suscrito en el marco multilateral de las negociaciones internacionales está signado por la dicotomía existente entre la protección de los derechos de las multinacionales farmacéuticas y los de los usuarios de la salud.
Desde el final de la Ronda Uruguay del Gatt, con la firma del Acuerdo de Propiedad Intelectual (Adpic), se gestó la infamia. A partir del concepto de los economistas sobre las fallas de mercado que implicaba, ‘según ellos’, la imposibilidad de la recuperación de la inversión por parte de los que investigaban en salud y, en consecuencia, la necesidad de conceder beneficios monopólicos a los dueños de las patentes, eso sí, sin nada en el marco global encaminado a controlar los abusos de posición dominante de mercado.
Se concedieron a las patentes en medicamentos un ‘mínimo’ de 20 años para ejercer los beneficios monopólicos; en los acuerdos bilaterales de promoción de inversiones se amplió ese mínimo y, adicionalmente, se ‘grabó en piedra’ que por un periodo de varios años no se podrían utilizar las investigaciones o información confidencial de las multinacionales para producir medicamentos genéricos o similares.
No solo el desarrollo científico y tecnológico para mitigar los efectos de las pandemias, las endemias y otras enfermedades dejó de ser un patrimonio de la humanidad para convertirse en privado, sino que se otorgaron beneficios draconianos para que los medicamentos no pudiesen pagarlos sino los usuarios ricos y los sistemas gubernamentales de salud. Consecuencia: precios inmanejables, negación al acceso a la salud a grandes capas de la población y ganancias inmensas e injustas de las multinacionales.
En los medicamentos ‘biotecnológicos’ se sigue respetando el monopolio exagerado de las patentes (OMC). Sin embargo, a partir de su vencimiento no se aplica la ampliación de su periodo a partir de la prohibición de utilización de ‘información no divulgada’ y, por lo tanto, se acepta bajo exigentes condiciones de pruebas científicas, medicamentos importados o producidos en los países. Son los denominados ‘biosimilares’.
Eso dice el Decreto publicado por el Gobierno de Colombia. Por fin, algo se hizo y es valiente la decisión del ministro Gaviria, como lo es la de establecer control de precios a algunos otros medicamentos.
Lo que viene ahora es la implementación del Decreto que ojalá no se convierta en un imposible por las argucias jurídicas y la ineficiencia de las instituciones, así como la ofensiva jurídica en el marco de los tribunales internacionales, en la Organización Mundial del Comercio y en la Organización Mundial de la Salud, donde se pretende extender las barbaridades que se han firmado en los Tratados de Protección de Inversiones con los países desarrollados a los ‘biotecnológicos.
Valiente la decisión. Buena para los colombianos. Colombia debe volver a formar parte de los intereses de los países en desarrollo para renegociar decisiones multilaterales y bilaterales que privilegien la salud por encima de las ganancias excesivas de farmacéuticas multinacionales.
Germán Umaña M.
Decano de Economía de la Universidad Central
germanumana201@hotmail.com
