Los ejercicios estadísticos y económicos pretenden habitualmente explicar el comportamiento de una variable, por ejemplo el comercio internacional, al partir de otras, cualitativas o cuantitativas, tales como: la existencia de tratados de libre comercio, el tamaño y capacidad de compra de los mercados involucrados o la distancia entre ellos. Lo que no explican estas variables se incorpora en los denominados errores estadísticos.
Si estos son estadísticamente significativos, sería necesario buscar nuevas variables para poder entender lo que realmente estaría pasando. Un ejemplo de esta situación es la evolución del comportamiento del comercio entre Colombia y Venezuela. En condiciones normales sería relativamente sencillo predecir la evolución del comercio formal, el cual en el año 2019 registra una cifra menor a los 250 millones de dólares.
La verdad, esta cifra puede alcanzar en la realidad más de 1.500 millones de dólares y es que a la lógica económica de la explicación hay que agregar variables diferentes como: el cierre del transporte terrestre desde hace cerca de 5 años en la frontera más dinámica como es la de Norte de Santander, el comercio legal que no se contabiliza por el paso diario de miles de venezolanos para realizar compras en Colombia y, por supuesto, el comercio ilegal por contrabando que circula por las denominadas trochas.
En ese comercio no contabilizado, pero real, se producen todo tipo de prácticas delincuenciales: extorsiones, chantajes, violencia por el control de las rutas y el territorio, lavado de activos, pagos en divisas fuertes, oro o pesos, de origen desconocido y dudoso. Ilegalidad ejercida por las ‘bacrims’, los colectivos, la guerrilla e inclusive, algunas manzanas podridas de las agencias gubernamentales de ambos países.
La pregunta obvia es: ¿Cómo llegamos a esta increíble y distorsionada situación que afecta sustantivamente la institucionalidad y somete a la población de las fronteras a lidiar con la violencia y a observar en silencio, cómo frente a sus ojos se mueven fortunas producto de las actividades delictivas, cuestionando hasta su derecho a la vida?
Los gobernantes de las fronteras (alcaldes y gobernadores) poco pueden hacer para controlar la situación descrita. Las instrucciones de cierre de las fronteras se imparten desde los gobiernos centrales que no entienden, o no quieren entender, las angustias de los ciudadanos fronterizos, y cómo la mejora de sus condiciones generaría un círculo virtuoso en la transparencia de las relaciones económicas, comerciales y migratorias entre las dos naciones.
Las soluciones a esta tragedia son sencillas y en muchos casos evidentes: habilitar los puentes para el transporte de carga fronteriza, así como los sistemas de aduanas; permitir el libre flujo de mercancías a la luz del día, efectuar las transacciones por intermediarios financieros fiables y habilitar consulados en los principales puntos fronterizos.
Las relaciones diplomáticas seguirán su curso y continuarán en cabeza de nuestros presidentes. Sin embargo, se solucionarán los problemas fronterizos en lo económico delegando para la toma de esas medidas en las autoridades y los actores regionales. La verdad, el derecho a la vida y al bienestar de la población fronteriza así como el necesario retorno a la legalidad, se encuentran en el corazón de los derechos humanos y su solución es urgente e indispensable.
Germán Umaña
Profesor
