Son tantas las paradojas de la administración pública y los grados de protección a prácticas indeseables, derivados del exceso a la seguridad jurídica a los inversionistas, que desconcierta observar situaciones abiertamente contrarias al interés de la sociedad.
Demos algunos ejemplos: el objetivo de la administración en la prestación del servicio de aseo es que este se proporcione en condiciones de eficiencia, sostenibilidad, protección ambiental a satisfacción de los usuarios y a costos racionales para la ciudadanía. En los años inmediatamente anteriores, este servicio se brindaba por parte de un oligopolio de operadores privados, los que, como se ha demostrado, abusaban de su posición dominante para obtener utilidades excesivas a costa del consumidor.
Aparte de un impasse inicial en la implementación del nuevo sistema de aseo, los usuarios que reciben el servicio de las empresas públicas que sustituyeron a los particulares están menos insatisfechos que antes, pagan tarifas menores y la ciudad se encuentra incorporando nuevos actores en condiciones dignas a este proceso, como es el caso de la población recicladora.
Para un economista es fácil demostrar que hay un menor control de mercado y monopolio. A pesar de lo anterior, la Superintendencia respectiva dice que se violó la seguridad jurídica de los empresarios abusadores y la libertad de empresa. Por ellos, que se siga expoliando al consumidor, eso no importa.
La venta de Isagen por parte del Gobierno Nacional es otro ejemplo. Los inversionistas públicos de las regiones como Empresas Públicas de Medellín o la Empresa de Energía de Bogotá tienen los recursos, la tecnología y la capacidad operativa para competir en ‘franca lid’ por su adquisición. Pero no, un servicio estratégico debe quedar en manos de las multinacionales, dizque para proteger la competencia.
Algunas industrias farmacéuticas, en el caso de medicamentos utilizados para combatir las enfermedades denominadas de alto costo, abusaron de las bondades que les da la protección de la propiedad intelectual y durante muchos años, ya fuera por parte de ellas o de los intermediarios no necesarios, literalmente se robaron los dineros de la salud.
La Superintendencia respectiva se dio cuenta apenas el año pasado y estableció mecanismos de control de precios e impuso algunas multas pírricas. En un país, en el cual realmente se respetara el derecho a la salud, estarían todos los abusadores en la cárcel y las empresas pagando más indemnizaciones que Philips Morris.
Pero es que la firma de tratados de libre comercio, en los cuales lo único importante es la ‘seguridad jurídica’ a los inversionistas extranjeros, permite, en aras de la libertad de empresa, esos abusos; su afán de lucro desmedido está apoyado en cláusulas de los acuerdos, cuando pueden demandar ante tribunales internacionales cuando consideren que “hay anulación o menoscabo de los beneficios esperados por los inversionistas”.
Y, uno se pregunta: ¿cuál equidad y justicia social? ¿Será que eso es la Tercera Vía?
Germán Umaña M.
Decano de Economía, U. Central
