Una década hablando solo

No hay que engañarse: las demandas en tribunales de arbitramento internacionales, derivadas de la ‘seguridad jurídica’ que otorgan los Tratados de Protección de Inversiones suscritos por Colombia, de forma bilateral con terceros (entre ellos los mal denominados TLC con Estados Unidos y la Unión Europea), se multiplicarán en el inmediato futuro y, peor aún, la mayoría las perderá el Estado y los ‘laudos’ arbitrales los pagaremos con nuestros impuestos.

Y, es que en esos tratados la ‘seguridad jurídica’ se extiende no solo a la protección a la expropiación directa sin indemnización a la inversión extranjera, sino, fundamentalmente, a la denominada expropiación indirecta y en propiedad intelectual a la posible “anulación y menoscabo de los beneficios esperados de los inversionistas”.

Es decir, en la práctica a todo: inversión extranjera directa en bienes y servicios, capital de portafolio, capital de conocimiento (propiedad intelectual) y hasta endeudamiento externo; y, sobre estos temas, las controversias las resuelve la meritocracia de panelistas designados, por ejemplo, por el Ciadi u otros tribunales de arbitramento internacionales, en los cuales depositamos la soberanía jurisdiccional y no en el equilibrio de los poderes en democracia, ampliada en tribunales como el Andino y el Europeo. Democracia, NO, meritocracia, SÍ.

Y, es en ese marco donde se resolverán los conflictos que se presenten con las poderosas empresas multinacionales en sectores como: el farmacéutico (Novartis), agroquímico (fertilizantes), servicios energéticos (Electricaribe), telecomunicaciones, minería (consultas populares versus tratados de protección), petróleo, etc.

Pero, es que la bondad o no de este marco de seguridad cuasi-absoluta para la inversión fue el producto de las decisiones tomadas en el inmediato pasado, con una pobre comprensión y participación de la sociedad en su conjunto en las decisión de firma de los acuerdos internacionales, los cuales, mientras se encuentren vigentes y, por toda la eternidad para las inversiones que se realizaron durante su vigencia, se regirán por lo firmado y no por las leyes nacionales.

Es historia reciente, que comenzó con el Nafta, hoy cuestionado por Trump, personaje que, en su ignorancia, no se ha dado cuenta de que es el mejor tratado suscrito por su país en la defensa del capital multinacional, pilar básico del credo político de los republicanos (dizque sus copartidarios) y que continuó con los tratados Bilaterales.

Era el triunfo definitivo de la Doctrina Monroe con el fin de grabar en piedra eso de “América para los norteamericanos”. El real debate es qué hacer con esos acuerdos, más cuando la aspiración del gobierno colombiano es la de que nuestro país sea parte de la Ocde, cuyo principal objetivo es el que los TPI se apliquen universalmente (AMI: Acuerdo Multilateral de Inversiones).

No quiero justificarme: Sin embargo, tengo que decirlo: lo escribí, lo preconicé en el desierto y me trataron de dinosaurio (a lo mejor es verdad), y me pasó como a Benedetti: “Juan Goytisolo me dijo una vez y me dejó un semestre hablando solo: nosotros, los poetas, estamos trabajando por un mundo que quizás mañana nos resulte inalcanzable”.

Germán Umaña Mendoza
Profesor universitario
germanumana201@hotmail.com