La actividad exploratoria en Colombia, sin lugar a dudas, ha crecido significativamente en los últimos años, en buena parte, como resultado de los esfuerzos emprendidos por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
No obstante, el reciente resultado de la Ronda Colombia 2014 no ha sido positivo e implica, evidentemente, una notoria reducción en la inversión para exploración, justamente en momentos en que el país requiere incrementar sus reservas de hidrocarburos.
En efecto, mientras en rondas anteriores, como la del año 2010, se adjudicaron 78 bloques, que representaban una inversión en exploración cercana a los 10.000 millones de dólares, en esta oportunidad tan solo se adjudicó el 23 por ciento de los bloques ofertados por la ANH, que representan una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares.
La explicación se desprende de un gran número de barreras de orden jurídico, ambiental, social y de seguridad, cuya incidencia en estos resultados es evidente.
En efecto, los innegables atrasos en la resolución de trámites por parte de las entidades del Estado, la inseguridad en algunas zonas del país y el establecimiento de restricciones ambientales y sociales son algunos ejemplos que necesariamente nos deben llevar a reflexionar sobre el papel que debe jugar el Gobierno frente a este proceso en la coyuntura actual.
Las circunstancias demandan del Gobierno un viraje en su política que, sin dejar de lado su rol de autoridad, debe centrar sus esfuerzos en trabajar de manera mancomunada con el inversionista, brindándole acompañamiento permanente en la construcción y definición de los distintos insumos requeridos para llevar a feliz término las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.
En tal sentido, y ante la inminente necesidad de incrementar las reservas hidrocarburíferas del país, el Gobierno debe ampliar su margen de acción y fungir no solo como autoridad, sino como colaborador efectivo del inversionista en la consecución de unos fines de interés común para las partes, todo ello en procura de garantizar la sostenibilidad energética del país y la generación de rentas para el Estado.
Si bien los recientes resultados llevan a encender las alarmas en procura de que el Gobierno adopte un nuevo rol, de manera alguna puede concluirse que el país se encuentra ante un inminente riesgo de desabastecimiento de crudo, pues en la actualidad hay un gran número de actividad exploratoria en el territorio nacional, sobre la cual el Gobierno debe actuar de inmediato, adoptando las acciones necesarias que permitan a las empresas avanzar con celeridad y concluir de forma satisfactoria sus operaciones en el menor tiempo posible, con el objetivo de conocer el real potencial hidrocarburífero de Colombia y asegurar, por muchos años más, las reservas necesarias y el flujo de nuevos ingresos a través de este sector.
Gian Carlo Suescún
Consultor mineroenergético
