En el mismo espacio académico que brinda el Centro de Estudios Colombianos (CEC) desde 1959, y donde Álvaro Gómez Hurtado presentó en abril de 1995 su Manifiesto contra el Régimen, el actual procurador Alejandro Ordóñez expuso el pasado marzo los principios que fundamentan su ejercicio como representante de la sociedad ante ese establecimiento, al que también se refería el inmolado líder.
Igualmente, manifestó que sus preceptos morales están armonizados con la Constitución y que su argumentación confesional nunca ha sido insumo en sus decisiones jurídicas.
Descalificándolo por la defensa que hace de la vida en temas de aborto, sus más cáusticos detractores vienen cimentando argumentos para fracturar los objetivos inspiradores de la ley que lo prohíbe, a fin de acomodarlos, subrepticiamente, a ciertas tendencias que justifican la muerte de un ser humano en gestación por el bienestar de otro.
Estos son los mismos que asignan a la unión homosexual la función de que solo un hogar conformado por hombre y mujer puede desempeñar un rol en el desarrollo integral de un niño, y los que niegan tercamente que la violencia juvenil, los excesos, la promiscuidad, la rebeldía, los nuevos desarrollos delincuenciales y, lo peor, la falta de visión de largo plazo en las nuevas generaciones, son causadas, principalmente, por la crisis de identidad familiar derivada de la ausencia total o parcial de un padre o una madre.
Ante el aparente clientelismo de Ordóñez, el facilismo nos permite juzgarlo con dureza, aun cuando no existe persona alguna que no hubiese seleccionado intuitivamente, en algún momento, con base en criterios subjetivos u otros aspectos relacionados con las recomendaciones de terceras personas cercanas, para decidir sobre la conformación de su propio equipo de trabajo.
O, acaso, ¿las aparentes competencias técnicas de todo candidato desconocido siempre se manifiestan en su desempeño laboral?
Lastimosamente, él se aparta del proceso de paz pero, para bien, se opone a los propósitos para regularizar la droga.
Sobre esto último, y a partir de las publicitadas voces que se levantan para legalizar el narcoabastecimiento, pareciese que hay una lúgubre negativa, muy sectorizada, claro está, para reconocer que su primer efecto es el aumento del consumo per cápita, como sucedió con la caída de la ‘prohibición’ sobre el alcohol en EE. UU., cuando se incrementó 132% en solo 12 años.
Es indiscutible que la regularización disminuye algunas formas de violencia que emergen del tráfico, pero el costo será la dolorosa agudización de la problemática de los hogares del adicto. Toda estimulación artificial de las emociones, llámese alcohol o drogas, será aciaga y corrosiva tanto para el individuo como para su comunidad.
Vale la pena que, sin apasionamientos, se escuchen las consideraciones presentadas por el Procurador en los grandes debates nacionales, ya que, como lo señaló Álvaro Gómez, “el desfallecimiento nacional es producido por la decadencia de los valores que fundan la sociedad”.
Gilberto Caicedo Gardeazábal
Consultor corporativo
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