El 29 de abril, el Gobierno Nacional realizó su octava emisión del 2015 de títulos TES a través del mecanismo de subasta primaria, conocida en el argot financiero como ‘subasta holandesa’. Esta vez, el valor nominal de la emisión fue de 600 mil millones de pesos y el monto recaudado de 700 mil millones de pesos. Esto ocurre porque el precio de colocación o costo para el inversionista incluye la prima por los intereses ya causados al momento de la subasta.
Este mecanismo de financiación es el instrumento más expedito de que dispone el Gobierno para cubrir el desfase previsto y programado entre sus ingresos corrientes (léase básicamente impuestos) y los gastos totales aprobados en la ley de presupuesto. Al ritmo observado de dos emisiones por mes y de mantenerse la tendencia en los montos programados, al término del 2015, el Gobierno deberá haber captado recursos, en una cifra cercana a los 17 billones de pesos.
Es claro que al final del periodo, el saldo de esta deuda no aumentará en la misma magnitud, pues buena parte de los recursos captados serán utilizados en pagar vencimientos de emisiones de años anteriores. Esto sucede aquí, en Alemania y en Cafarnaún, y echa por tierra el prejuicio de que tener deudas sea intrínsecamente malo y perverso. Malo y perverso puede llegar a ser, eventualmente, pero como resultado de desbordar la capacidad de pago (deuda/PIB) o de un indebido uso de los recursos allegados. La tragedia griega no debe ser tomada como referencia o premonición para todos los casos.
En este vistazo a vuelo de pájaro de lo que significan las emisiones de TES, no sobra volver a hacer énfasis en dos aspectos fundamentales: es un error garrafal pensar que por el hecho de que el Banco de la República actúa como operador del mecanismo de subastas - en virtud de un encargo fiduciario suscrito con el Gobierno Nacional-, la deuda quede legal y financieramente en cabeza del Banco para después financiar las arcas públicas. El responsable de recibir los recursos, de administrarlos sabia y adecuadamente y especialmente de devolverlos a los acreedores en los plazos pactados con sus respectivos intereses, es el Gobierno, y en ningún caso el Banco es garante o administrador de los mismos. Si ello fuese así, se resquebrajaría y vendría al piso todo lo escrito y consagrado en la Constitución del 91, en materia de funciones, relaciones y responsabilidades de uno y otro actor del proceso, a pesar de ser los dos parte del aparato estatal.
Asimismo, resulta pertinente resaltar que, a pesar de todos los problemas de distinta índole que aquejan a la institucionalidad de nuestro país, los colombianos con capacidad de ahorro no dudan en entregar sus dineros masivamente al gobierno de turno y a plazos que trascienden el futuro inmediato. ¿Quién pude aventurarse a vaticinar, con alguna probabilidad, el nombre o perfil político de quien va a ocupar la jefatura del Estado o la cartera del Ministerio de Hacienda en el 2030, el plazo más largo y más utilizado actualmente en las emisiones quincenales?
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Un tema recurrente de discusión y rechazo es la discriminación en contra de la mujer en el mercado laboral. El papa Francisco se acaba de pronunciar al respecto. Sin embargo, ¿no es la Iglesia Católica la institución u organización que a nivel mundial más discrimina contra la mujer?
Gonzalo Palau Rivas
Profesor, Universidad del Rosario
gpalau@cable.net.co