Varios medios escritos y radiales informaron sobre el malestar generado en algunos miembros de las altas Cortes, por la reciente ausencia del presidente de la República en la posesión de dos magistrados de la Corte Constitucional.
Desde diferentes esquinas se dieron declaraciones de reproche al primer magistrado de la Nación por su conducta, llegando, en ciertos casos, a calificarla de ‘desplante’ y a exigir el respeto debido para quienes encarnan lo más destacado de la organización jurisdiccional.
El día siguiente al último percance, el Presidente explicó en redes sociales su postración en cama en la ciudad de Medellín, por estar afectado por un virus. En similar sentido se pronunció la oficina de comunicaciones de la Presidencia informando, sobre su viaje a esa ciudad el 30 de noviembre, por compromisos con un evento de perdón a las víctimas del conflicto en la Casa de la Memoria.
La justificación de su obligatoria permanencia fuera de la capital durante ese día resulta aceptable, dadas las evidentes consecuencias generadas por la ola invernal del país, incluyendo, además de las inundaciones y derrumbes y sus efectos desafortunados para muchas familias, un aumento significativo de las enfermedades respiratorias y un mayor contagio en las últimas semanas por la presencia del virus pandémico.
Valga recordar el presagio de un nuevo pico contaminante estimulado con más intensidad por las fiestas decembrinas.
La Constitución Política asigna funciones separadas a los diferentes órganos del Estado, pero les impone colaborar armónicamente para la realización de sus fines. El mandato superior implica relaciones cordiales y respetuosas entre quienes ejercen las más elevadas dignidades en las diferentes ramas del poder público. La administración de justicia garantiza los derechos de los ciudadanos y la protección de la institucionalidad a través de la defensa de la Carta y del orden jurídico.
Por su parte, en la cabeza de la rama ejecutiva está el depositario de la confianza entregada por las grandes mayorías expresadas en las urnas, para ejecutar un mandato específico. Las dos instituciones, sumadas a la del Congreso, integran las piezas fundamentales y necesarias para la vigencia del estado de derecho y constituyen el sustento de la democracia, en beneficio de todos los colombianos.
La política de reconciliación y diálogo ‘con todas y todos’ del gobierno parecería estar ausente en su respuesta a la incomodidad existente en los jueces superiores, reflejada en el decreto de delegación para posesionar miembros de altas corporaciones judiciales.
Resultaría inadmisible, dada la trascendente condición de ambas partes, que lleguen a exacerbar la mutua contrariedad hasta el punto de cerrar puertas para superarla. Urge apaciguamiento de los ánimos y aplicación por el líder del ejecutivo de su propio mandamiento.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian.
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