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Gustavo H. Cote Peña
Columnista

Es grave olvidar la historia

En al menos 4 regiones, grupos de personas han ocupado terrenos alegando hacer valer el derecho a recuperar sus fincas sustraídas de manera forzada.

Gustavo H. Cote Peña
POR:
Gustavo H. Cote Peña
septiembre 04 de 2022
2022-09-04 11:11 p. m.
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En al menos 4 regiones del país, grupos de personas han ocupado terrenos privados alegando hacer valer el justo derecho a la recuperación de sus fincas sustraídas de manera forzada en el pasado, por los largos años de acudir a los despachos públicos solicitando dicho restablecimiento y el total desinterés frente a sus demandas, como respuesta por parte de las autoridades.

Un líder en Curumaní, con 150 familias desplazadas por la violencia, se justificaba en la necesidad de llamar la atención sobre su problemática por la indiferencia de los funcionarios locales. También en el sur del César, otros campesinos afirmaban la existencia de pruebas sobre el despojo sufrido por culpa de grupos ilegales y la demora en la solución tendiente a recuperar predios que les son propios. Por su parte, los indígenas en el Cauca han manifestado similar descontento.

Frente a los desafortunados eventos, el presidente dispuso un término para el abandono de los predios ocupados, so pena del desalojo por las fuerzas del orden. Por su parte, Francia Márquez expresó: “No aceptamos, rechazamos y les solicitamos … que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”. La ministra Cecilia López, también reprochó tales conductas, llamando al diálogo y descartando la violencia. Ya el ministro del Interior empezó la concertación con la Cric en el Cauca. Estas reacciones son apenas naturales, dada su obligación constitucional de garantizar además de la vida y la honra, los bienes de los colombianos.

Sin embargo, las reprochables acciones de hecho exigen urgentes respuestas gubernamentales orientadas a acelerar la disposición de los terrenos de la SAE y la reforma agraria con equidad, para poder cubrir la existente e innegable deuda social con el campo.

También deben censurarse las invitaciones de un líder gremial a “organizar allá un grupo de ganaderos de reacción solidaria inmediata para que cuando haya perturbación a la propiedad, inmediatamente todo el mundo acuda a apoyar al ganadero afectado”, pues ellas vislumbran volver a repetir la historia de terror y dolor del pasado. En los colombianos está presente la tragedia gestada a partir de las Convivir como herramienta inicial de autodefensa de los ganaderos frente a las acciones delictivas de la guerrilla.

Sobre esta figura surgieron los paramilitares y sus acciones de desplazamiento, usurpación de tierras, asesinatos, violación de derechos humanos, anegando con sangre y tristeza todo el territorio nacional.La justicia privada debe ser reprobada. Quienes la promueven deben recordar: el delito de concierto para delinquir, según el Código Penal, hoy implica cárcel hasta de 18 años cuando se produce para cometer delitos de financiación de grupos de delincuencia organizada y se aumenta hasta 24 años para quienes lo “organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien”.

Gustavo Humberto Cote Peña 
​Exdirector de la Dian
gcote@globbal.co

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