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Gustavo H. Cote Peña
Columnista

Explicaciones insuficientes

La Dian tiene el deber patriótico de dar a conocer la situación tributaria ‘general e íntegra’, de quienes aparecen involucrados en el escándalo.

Gustavo H. Cote Peña
POR:
Gustavo H. Cote Peña
octubre 10 de 2021
2021-10-10 08:00 p. m.
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La divulgación de los ‘Pandora Papers’ invadió las noticias sobre la información arrojada por los más de 11,9 millones de registros en jurisdicciones con beneficios fiscales. Para el interés nacional, se señalan documentos relacionados con 588 nombres de personas jurídicas y naturales.

Aunque la posesión de bienes y/o sociedades instrumentales en jurisdicciones de opacidad fiscal, en ocasiones está asociada con recursos producto de hechos ilegales o ilícitos, ejemplo la evasión y la corrupción pública, las denuncias deben ser tomadas con prudencia, para evitar la condena pública de quienes a pesar de haber sido mencionados han estado al margen de tan reprochables conductas.

Corresponderá a las autoridades administrativas y judiciales competentes adelantar las investigaciones complementarias y asignar las respectivas consecuencias, valiéndose para ello de los acuerdos de colaboración internacional sobre intercambio de información suscritos por Colombia.

Según el Estatuto Tributario, el tener sociedades o fideicomisos, en un paraíso fiscal de los 37 declarados por decreto, o en un lugar con las condiciones para ser calificado como un ‘Régimen Tributario Preferencial’ como Delaware o Dakota del Sur en USA, que se asimilan a aquellos sin necesitar de reglamento alguno, implica varias obligaciones más allá del simple hecho de incorporarlos en las declaraciones de activos del exterior y de renta.

La realización de pagos a una empresa ubicada en tales sitios, conlleva la retención en la fuente a la tarifa general de las personas jurídicas, hoy 33% (35% y 38% en el 2022), y cumplir el Régimen de Precios de Transferencia. Si la beneficiaria es vinculada, su deducción exige demostrar el detalle de activos empleados, riesgos asumidos y funciones desarrollas por la entidad en el territorio de su ubicación.

A lo anterior se suma el efecto de la posesión de activos a través de esas figuras, en cuyo caso, las rentas pasivas obtenidas, como arrendamientos, rendimientos financieros o dividendos, pertenecen a cada socio propietario de más del 10% de su capital y pagan tributos en Colombia.

Por su parte, cuando los administradores reales de una sociedad en el exterior (ordinariamente sus socios), ejercen sus responsabilidades y la gerencia desde Colombia, el ente posee su “Sede efectiva de Administración” en el país y, por tanto, es una sociedad nacional con todas las obligaciones impositivas, incluyendo la de su inscripción en el RUT y la de presentar declaraciones anuales de renta y complementarios.

Lo anterior evidencia que la explicación de algunos, avalada por el presidente Duque, es insuficiente, para poder ser aceptada como válida por la opinión pública. La Dian tiene el deber patriótico de dar a conocer la situación tributaria “general e íntegra”, de quienes aparecen involucrados en el escándalo, para descorrer el manto de duda que sigue pesando sobre ellos.

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector de la Dian.
gcote@globbal.co

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