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Gustavo H. Cote Peña

Indolencias tributarias

Si los encargados hubieran actuado con responsabilidad y sentido común, hoy la Dian estaría eximida de destinar gran cantidad de recursos humanos.

Gustavo H. Cote Peña
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Gustavo H. Cote Peña
noviembre 28 de 2022
2022-11-27 06:29 p. m.
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En el 2020 el Consejo Técnico de la Contaduría (Ctcp), canalizando quejas generalizadas de los contadores públicos, manifestó al entonces Director General de la Dian el descontento por la política de perseguir a los empresarios por errores meramente formales, con ausencia absoluta de ánimo defraudatorio y sin ningún efecto negativo en la recaudación. Igualmente, desde la misma autoridad contable y otros sectores, fue planteada la situación al Minhacienda, Restrepo, y a los parlamentarios de las comisiones económicas con ocasión del trámite del proyecto de ley de reforma tributaria del 2021, presentándoles a su consideración normas para subsanar algunas inequidades en estas materias.

Estas voces fueron ahogadas en el silencio propio de la indiferencia de todos los funcionarios de la época.

Dentro de las actuaciones estaba la de obligar a las empresas a volver a elaborar declaraciones de IVA presentadas por período errado, liquidando y pagando cuantiosas sanciones de extemporaneidad, desconociendo, con ello, normas legales que permitían su corrección sin incurrir en sanción alguna (Ley 962 del 2005). El absurdo era tal que, por ejemplo, en el caso de quienes habían cumplido con sus obligaciones de manera bimestral en lugar de hacerlo por períodos cuatrimestrales, estaban sometidos a dichas presiones, a pesar de haber pagado sus impuestos de manera anticipada. Lo grave de la historia es su repetición hasta los días actuales.

Afortunadamente, la organización de la sociedad colombiana como un Estado Social de Derecho implica el imperio de un orden jurídico que somete a los servidores públicos. En este contexto, el papel de la Rama Judicial cobra especial importancia, porque a pesar de sus defectos originados en gran parte por las limitaciones presupuestales, en muchos casos constituye plena garantía para los derechos de los administrados. En reciente Sentencia, el Consejo de Estado anuló la norma reglamentaria alegada por la administración para sustentar sus indebidas actuaciones. Para este fin, manifestó: “… el texto acusado excede la disposición legal reglamentada, dado que prevé una consecuencia jurídica que no fue prevista por el legislador … pues el artículo 600 del E.T. se limitó a indicar los periodos … pero no hizo ninguna previsión sobre los efectos por la presentación de las declaraciones en periodos diferentes, solo estableció que el cambio del periodo debía ser informado a la Dian conforme fuera reglamentado”.

La decisión judicial permitirá a los responsables de IVA que cubrieron las sanciones de extemporaneidad por las nuevas declaraciones presentadas, recuperar estos valores porque terminaron convertidos en “pagos de lo no debido”.

Si los encargados oficiales hubieran actuado con responsabilidad y sentido común, hoy la Dian estaría eximida de destinar gran cantidad de recursos humanos y cuantiosos costos administrativos a atender la ‘avalancha’ de solicitudes que llegarán a sus oficinas.

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la DIAN.
gcote@globbal.co

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