En medio de las expectativas por la reactivación de la generalidad de los sectores económicos, y de la preocupación por el relajamiento de algunos que se han negado a entender lo imperativo de mantener la prudencia en el contacto con otros, evitar aglomeraciones y mantener el autocuidado, para evitar retrotraer las tendencias mostradas por el letal virus, apareció, como un hecho terrible, el hecho de la muerte en la ciudad de Bogotá de Javier Ordóñez, ingeniero y estudiante de último semestre de derecho y padre de dos niños, como producto de la actuación de varios miembros de la policía.
Por los diferentes medios circularon videos y declaraciones de algunos de sus amigos, como testimonios crudos e impactantes de lo sucedido. El uso de la fuerza es un legítimo derecho del Estado para imponer el orden. Sin embargo, la misma debe ejercerse dentro de unos sanos y prudentes límites, y con mayor razón cuando su destinatario ya ha cedido en su oposición ante la autoridad, y se encuentra totalmente doblegado. Si bien los asociados deben actuar con respeto ante los servidores públicos, estos tienen una máxima responsabilidad ante aquellos. Sus actuaciones deben estar guiadas siempre por la cordura y la cautela necesaria para evitar caer en el abuso.
La alcaldesa de Bogotá comentó la ocurrencia reiterada de similares atropellos y denunció el uso de las armas oficiales en las últimas protestas. Las circunstancias imponen al gobierno nacional una revisión urgente y a fondo de las causas, para tomar las medidas que conduzcan a la Policía Nacional a subsanar las fallas y a recuperar los lineamientos que la inspiran: proteger la vida, honra y bienes de las personas. Solo así se logrará recuperar su imagen como institución amiga de los ciudadanos.
Hay quienes pretenden comparar lo ocurrido con lo sucedido en los USA en los últimos meses frente a miembros de la comunidad afroamericana. Este desafortunado honor de asimilar a Colombia con el coloso del norte, resulta imposible. Las conductas en ese país, a diferencia del nuestro, se enmarcan en una historia signada por la más censurable segregación e intolerancia que, a pesar de los esfuerzos de las mayorías, siguen encontrando estímulo y defensa en grupos racistas revividos del pasado.
Como la Constitución política ampara los derechos fundamentales de los colombianos, y los reprochables eventos de la primera muerte de la semana pasada, implicaron un descarado desconocimiento de ellos, es entendible el trauma generalizado en todo el país. Pero es inadmisible que unos pocos, aprovechando el justo dolor ocasionado por lo escalofriante de lo ocurrido, resulten utilizando a quienes expresan su sincero y profundo sentimiento en el ejercicio del derecho a la protesta social, para propiciar violencia, el sacrificio irracional de la vida de más jóvenes y la destrucción de bienes públicos y privados. Estas conductas solo empeoran el panorama derivado de los nefastos efectos de la pandemia.
Tomando las desesperadas palabras del inmolado, el llamado en este momento debe ser “Por favor, por favor, por favor” retomemos la calma para evitar más muertes innecesarias.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian