Gustavo H. Cote Peña
columnista

Prolongación de efectos nocivos

Las restricciones adoptadas implican proteger la vida, pero es indudable la incidencia negativa en el desarrollo de las actividades económicas.

Gustavo H. Cote Peña
POR:
Gustavo H. Cote Peña
enero 17 de 2021
2021-01-17 06:00 p. m.
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El optimismo del Ministerio de Hacienda durante el año pasado, sobre las perspectivas económicas en el 2021, enfrenta las dificultades derivadas del desordenado comportamiento de los colombianos en las fiestas navideñas.

La indisciplina social ha determinado prórroga de la emergencia sanitaria, adopción de drásticas decisiones de confinamiento, limitación a la movilidad y toques de queda en las principales ciudades, por el colapso de las UCI, las cuales han llegado a una ocupación casi total, buscando para su urgente recuperación, frenar en alguna forma el acelerado aumento de pacientes que requieren su uso para sobrevivir.

Los primeros días del año reflejan una situación parecida a la vivida al comienzo de la crisis en el 2020 y todo parece indicar su permanencia durante los próximos meses.
Las restricciones adoptadas implican proteger la vida, pero es indudable la incidencia negativa en el desarrollo de las actividades económicas dentro de la nueva normalidad forzada por la presencia de la pandemia.

El panorama obliga a las autoridades de los diferentes ordenes territoriales a volver a tomar medidas similares y/o adicionales a las adoptadas el año anterior, con la evaluación previa de la experiencia vivida para así evitar incurrir en los errores cometidos.

Es urgente aumentar la infraestructura hospitalaria, canalizar ayudas para permitir la subsistencia a las familias pobres y vulnerables, apoyar con mayor cobertura a los trabajadores independientes e informales, auxiliar a las pequeñas y medianas empresas para proteger los puestos de trabajo y adoptar una acción efectiva de vigilancia a la ejecución de los recursos públicos para neutralizar los actos de corrupción.

En el ámbito de los impuestos, además de aplazar vencimientos de plazos para cumplir obligaciones, el Director de la DIAN debería atender la petición de los contadores radicada el mes pasado en su despacho, de tomar medidas gerenciales para, entre otros tópicos, adecuar sus acciones de fiscalización a la situación extraordinaria enfrentada por los contribuyentes, de forma que, en lugar de perseguir la aplicación de sanciones por deficiencias meramente formales, que en nada afectan la recaudación, cometidas por quienes cumplen con el pago de sus tributos, se dediquen sus limitados recursos a ubicar y castigar a los verdaderos evasores y contrabandistas.

Por su parte, las nuevas normas de la reforma por aprobar en renta tendrán vigencia en el año gravable 2022, pero los efectos en IVA serán más inmediatos. Por esta razón, el proyecto deberá reconocer el grave deterioro en los ingresos de los ciudadanos, en especial de los de clases media y pobre, evitando extender este tributo a la canasta familiar, pues el reintegro a los más vulnerables es insuficiente para neutralizar el alto impacto en su consumo básico.

Según el análisis del Centro de Política Fiscal de la Universidad Nacional elaborado por los profesores Garay y Espitia, de aprobarse esta ampliación del IVA, su peso sobre el ingreso representaría el 24,4% para los hogares en pobreza, mientras para los hogares ricos sería tan solo el 10,8%. El Congreso de la República deberá tener en cuenta este reciente estudio que deja en evidencia la ausencia de justificación de la pretensión.

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector general de la Dian

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