Gustavo H. Cote Peña
columnista

Recursos para la educación superior pública

De no ser tomadas las soluciones urgentes por el Gobierno Nacional, a partir del próximo mes de enero estas instituciones podrían quedar paralizadas.

Gustavo H. Cote Peña
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Gustavo H. Cote Peña
octubre 11 de 2018
2018-10-11 09:35 p.m.
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La protesta generalizada que ha venido manifestándose a lo largo y ancho del país por parte de los diferentes estamentos educativos, frente a la crítica situación financiera que padecen las universidades públicas, no obedece a ninguna mafia o interés ilegal. Es el clamor legítimo de toda una sociedad porque se vuelva a mirar con seriedad a uno de los bastiones más importantes que ha soportado, con calidad, la formación de muchos profesionales colombianos.

De acuerdo con el informe, bien fundado, que pretendió terminar de exponer la estudiante de economía de la Universidad Nacional en el Congreso de la República, y que no pudo culminar por la limitación impuesta, en términos despectivos, por el Presidente del Senado, existe un déficit acumulado en el sector de tal magnitud (3,5 billones de pesos), que para el 2019, de no tomarse las medidas del caso para superarlo, estos establecimientos se verían enfrentados a grandes dificultades para asumir sus gastos de funcionamiento. En otras palabras, de no ser tomadas las soluciones urgentes por el Gobierno Nacional, a partir del próximo mes de enero podrían quedar paralizados.

Entre los cambios de la última reforma tributaria, se modificó la tributación de las cooperativas para que, a partir del año gravable 2017, respondan por un impuesto equivalente al 20 por ciento de sus excedentes determinados de acuerdo con la normatividad cooperativa vigente. Según indica, en forma expresa, el parágrafo 2 del Art. 19-4 del E.T. “El recaudo de la tributación sobre la renta de que trata este artículo se destinará a la financiación de la educación superior pública”. Por los años gravables 2017 y 2018, asumen el impuesto entregando una parte al Estado con esta finalidad, y destinando de forma autónoma el valor restante a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior pública. La distribución por el primero fue de 50 por ciento del impuesto para cada modalidad de pago, y por el segundo año la inversión autónoma será de 5 por ciento.

Para la fecha de publicación de esta columna, todas las personas jurídicas, incluidas las sometidas al RTE, han debido cumplir con la presentación y pago de sus impuestos de renta del 2017. Luego, la Dian ya tiene los insumos suficientes para cuantificar cuánto fue el recaudo con destinación específica a la educación superior pública que aportaron las entidades cooperativas, al pagar el 10 por ciento de sus excedentes durante este año. Si bien esta suma, de manera alguna alcanza para cubrir el gran déficit en el sector, sí sería conveniente que se informara al país no solo a cuanto dinero corresponde, sino, además, dónde están estos recursos y cuándo se va a cumplir el mandato de entregarlos al fin ordenado por el legislador.

Con el fin de aplacar la justificada protesta, el Ministerio de Hacienda anunció que, en el proyecto de ley de presupuesto, en trámite, se reasignarían 500.000 millones para la “educación superior pública”. Si embargo, este valor no es suficiente para superar su grave trance. Se impone hacer ajustes adicionales para atender los requerimientos que demandan los establecimientos de todo el territorio nacional, reorientando los recursos suficientes que impidan ver el año entrante el triste espectáculo de su cierre.

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