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Gustavo H. Cote Peña
columnista

¿Reglamento a la medida?

Pasaron varios años para regla- mentarlos y cuan- do aparecen las denuncias periodísticas, expiden norma para limitarlos. 

Gustavo H. Cote Peña
POR:
Gustavo H. Cote Peña
noviembre 07 de 2021
2021-11-07 08:28 p. m.
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En ejercicio de sus funciones de control político, la Cámara de Representantes realizó un debate a los altos funcionarios del gobierno salpicados por las informaciones de los ‘Pandora Papers’. Dentro de las explicaciones rendidas a los convocantes, se insistió en lo ya expresado en los medios sobre el hecho de resultar improcedente cualquier objeción por poseer bienes en jurisdicciones no contempladas en el ‘listado de paraísos fiscales’. Incluso, un congresista llegó a afirmar que asignar a lugares como Delawere o Dakota del Sur esta connotación, resultaba de un gran riesgo para las relaciones con USA y se preguntaba sobre el pensamiento de las autoridades de dicho país al respecto.

La tesis ha sido hábilmente planteada con el único ánimo de confundir, porque ha dejado al margen la existencia legal de los Regímenes Tributarios Preferenciales (RTPs), regulados en el Estatuto Tributario desde el año 2016, los cuales son equiparados con los paraísos fiscales porque en ellos también existe similar opacidad frente a los activos y sociedades no operativas poseídos en su territorio. La ley colombiana no obliga a adoptar lista alguna de los RTPs. En concordancia, la doctrina reiterada de la Dian precisaba que correspondía a los contribuyentes “…determinar -en cada caso particular- si están realizando operaciones con personas, sociedades, entidades o empresas sometidas a este tipo de regímenes…” (Concepto No.1244-905692 del 7-10-20), para derivar los respectivos efectos tributarios.

En la reforma tributaria del 2002 (Ley 788), fueron aprobadas varias disposiciones estableciendo la aplicación en Colombia de “los listados de la Ocde” sobre ‘jurisdicciones de menor imposición’ y sobre ‘paraísos fiscales’. Todas ellas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-690 del 12-08-2003.

A pesar del antecedente jurisprudencial aquí mencionado, el Gobiero Nacional produjo un decreto a finales de octubre, adoptando para Colombia los ‘RTPs listados por el foro sobre prácticas fiscales perníciosas de la Ocde’ en un articulo ausente en su proyecto publicado en febrero pasado, cuyo contenido podría legitimar el argumento alegado.

Curiosamente, el ejecutivo esperó varios años para reglamentarlos y tan solo cuando aparecen las denuncias periodísticas, expide la norma para limitarlos.

Por estas razones, la Dian está obligada a informar a los colombianos si en tales relaciones aparecen calificados con esa naturaleza, los lugares mencionados en el informe investigativo como sitios de ubicación de los entes societarios de las personas cuestionadas (Delaware, Dakota del Sur, Panamá, Islas Vírgenes Británicas), presentando el texto oficial de la Ocde que así lo demuestre.

Pendiente el nuevo debate al Ministro de Hacienda y al Director de la Dian, aprobado el pasado 27 de octubre por la Comisión Primera del Senado, resulta oportuno y conveniente para la deteriorada credibilidad institucional, la rápida claridad sobre el punto.

Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian

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