Este 7 de agosto, empezó a correr el tiempo en contra para poner en marcha las estrategias de materialización del programa del nuevo gobierno. Por ser tan grandes las expectativas, el primer año es crucial para adelantar las acciones necesarias que permitan sentar las bases para llevarlo a la práctica. Si se desaprovecha esta oportunidad, será difícil mantener el optimismo generalizado y la imagen favorable del presidente, reflejados en los resultados de las encuestas de opinión realizadas en las últimas semanas.
El proyecto de reforma tributaria es prioritario porque la obtención de recursos adicionales es fundamental, tanto para garantizar los requeridos para concretar las promesas de campaña, como para asumir la necesidad de sostener la estabilidad fiscal, sin deteriorar la economía nacional, ya de por sí afectada por la incidencia de las variables mundiales.
La urgencia en la percepción de los mayores ingresos generados por las medidas a aprobar durante este año, exige mirar el principio constitucional para impuestos de período, según el cual, las normas nuevas sólo rigen a partir del período siguiente al de su aprobación.
Así, dentro de los cambios principales: los del impuesto de renta solo aplicarán a partir del 2023 y se reflejarán en la recaudación del 2024, el impuesto anual de patrimonio se recibirá en el 2023 por tener hecho generador y causación ubicados en el primero de enero de cada año y los derivados por IVA, si llega a tocarse, también operarían a partir del año entrante.
El anterior gobierno estructuró el Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO, suscrito el 24-12-2021, entre el Fondo Dian para Colombia- FDC y el BID, en virtud del cual se cuenta con recursos por US$250 millones, para el desarrollo del ‘Programa de Apoyo a la Modernización de la Dian’ durante los próximos 5 años. El impacto de esta inversión se verá más allá de los tiempos exigidos para atender las necesidades más urgentes. Como el crédito será pagado por todos los colombianos, justo es exigir una evaluación de la adjudicación de los contratos celebrados al interior del FDC realizada con procedimientos ágiles del BID que involucran los de las ‘listas cortas’.
Por esta realidad cobran importancia como retos inmediatos: Garantizar la mayor concordancia entre la nueva ley impositiva y el proyecto propuesto, controlar el despilfarro oficial optimizando el gasto público y promoviendo la investigación y sanción de los hechos de corrupción denunciados en los últimos meses, y mejorar sustancialmente la gestión efectiva de la Dian en el control a la evasión y el contrabando
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En el último desafío, la reorientación de la fiscalización hacia sectores proclives a la evasión y la determinación de consecuencias para los denunciados en los 'pandora papers', bien podrían arrojar recaudaciones adicionales.
GUSTAVO HUMBERTO COTE PEÑA
Exdirector General de la Dian
gcote@globbal.co