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Gustavo H. Cote Peña

Siete meses después

En octubre del año 2021, el país fue sorprendido por las conclusiones de la revisión efectuada sobre los denominados ‘pandora papers’.

Gustavo H. Cote Peña
POR:
Gustavo H. Cote Peña
abril 17 de 2022
2022-04-17 10:36 p. m.
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En noticia publicada en varios medios de comunicación a comienzos de abril, la Dian y la Uiaf señalaban, a raíz de investigaciones a los ‘influenciadores’, el traslado a la Fiscalía de dos casos sobre posible lavado de activos. El reporte agregaba que el ente rector de los tributos, desplegó su actividad fizcalizadora sobre los ingresos de “… los primeros 50 nombres de los más influyentes en las redes sociales…”, de los cuales solo 4 tenían sus cuentas en orden. La divulgación de estos sucesos cobra suma importancia en la construcción del riesgo subjetivo en los controlados y permite enviar un mensaje positivo sobre la ejecución de funciones de las autoridades, aumentando su credibilidad.

Los colombianos reciben con complacencia estas informaciones. Sin embargo, ellos también extrañan el silencio frente a otros hechos de especial relevancia nacional por la trascendencia pública de las personas comprometidas.

En octubre del año 2021 el país fue sorprendido por las conclusiones de la revisión efectuada por la alianza periodística El Espectador-Connectas, sobre los denominados ‘pandora papers’. El análisis informó: “El capítulo colombiano … incluye 588 nombres de personas naturales y jurídicas de Colombia que figuran como dueños reales de sociedades offshore. Se trata de millonarios, expresidentes, embajadores, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia que fueron clientes principalmente de las firmas Alcogal y Trident Trust”.

Dado el número de meses transcurridos desde el escándalo, surge la necesidad de contar con respuestas de los entes de control a varias preguntas sobre las verificaciones efectuadas y la precisión de aquellos casos que pueden conllevar consecuencias para sus protagonistas.

La administración de impuestos ya estableció cómo han asumido dichos contribuyentes todas las posibles obligaciones tributarias derivadas de poseer esta clase de bienes en paraísos fiscales, más allá de haberlos incluido en las declaraciones de activos en el exterior? Ya se percató sobre si las sociedades descubiertas al ser consideradas nacionales por tener “sede efectiva de administración en Colombia”, han presentado las declaraciones de renta anuales como corresponde a cualquier otra sociedad colombiana? Sus propietarios cumplieron con el Régimen de Entidades Controladas del Exterior (ECE), incorporando en sus propias declaraciones las rentas pasivas percibidas a través de ellas en el exterior, tales como intereses o arrendamientos? Su valor fue igualmente declarado en Colombia dentro de su patrimonio?. Por su parte, la Procuraduría ya inició los procesos disciplinarios en contra de los funcionarios públicos comprometidos? La Uiaf y la Fiscalía ya determinaron o descartaron si hay posibles casos de dineros producto de actos delictivos?

La ausencia de resultados de las indagaciones realizadas, sólo extenderá la desafortunada sospecha de la existencia de un mutismo cómplice con algunos de los personajes denunciados.

GUSTAVO HUMBERTO COTE PEÑA
Exdirector General de la Dian
gcote@globbal.co

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