El seguimiento de las cifras sobre la ocurrencia de diferentes acontecimientos en el país, es esencial para medir, entre otras cosas, el pulso de la sociedad, diseñar estrategias para superar problemáticas en beneficio de los ciudadanos, verificar hasta dónde los entes públicos ejercen con eficiencia sus funciones con el fin de facilitar un mejor vivir, calibrar los índices de satisfacción o inconformidad con las políticas públicas y con las autoridades.
Alrededor de las recaudadas y de su evaluación, es común encontrar diferencias entre las preparadas por organismos privados y las de entidades gubernamentales. La disimilitud radica en su deficiente construcción o, en el caso de las últimas, en ocasiones, en el sesgo por querer presentar una imagen favorable de la ejecución de sus planes oficiales.
Los hechos dolorosos que tristemente siguen tiñendo de rojo la geografía nacional, reflejan dicha ausencia de coincidencia. Se trata del asesinato de seres con una vida dedicada a la defensa de los derechos humanos, a mejorar las condiciones vivenciales de sus comunidades, a la lucha por la protección del medio ambiente o a construir una nueva y pacífica existencia para reintegrarse a la sociedad, después de haber entregado las armas insurgentes.
En agosto pasado, la Defensoría del Pueblo informó sobre 78 homicidios en esta clase de personas, ocurridos durante el primer semestre del 2021 y recordó la cantidad de 494 muertes violentas similares en los tres años anteriores. Además, reportó en el mismo período del año en curso, la ocurrencia de 407 conductas vulneratorias en contra de líderes y lideresas sociales, indígenas y defensores de DD.HH., (atentados y amenazas). Por su parte, la Comisión Colombiana de Juristas e Indepaz señalan un nefasto guarismo superior. Tomando el de la Defensoría, bajo el actual período presidencial las espigas de luz segadas por las fuerzas incontenibles de la avaricia de unos y de la intolerancia e indolencia de otros, ha alcanzado la suma de 572 almas.
A la explicación oficial sobre la motivación de estos execrables hechos en grupos criminales asociados a grupos disidentes, mafias del narcotráfico y guerrilleros, en combate por dominar el territorio abandonado por los firmantes del Acuerdo de Paz, se sumó el desafortunado calificativo de ‘frágil’ de este hito histórico por el primer magistrado de la Nación en escenarios internacionales. Ya ha pasado mucha agua bajo el ‘liderazgo actual’ para centrar en el pasado la responsabilidad de la realidad derivada de los números atrás mencionados. Si la ejecución de lo acordado hace cinco años en materia de tierras, de protección a los ciudadanos y de presencia real del Estado de manera imparcial en tales zonas, no hubiera sido llevado al refrigerador en estos últimos años, con seguridad, el panorama sería diferente.
Gustavo Humberto Cote Peña
Exdirector General de la Dian.
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