En un reciente artículo en Le Monde Diplomatique, su director Ignacio Ramonet, manifestó que la crisis económica que se inició en Estados Unidos y se expandió globalmente, no ha tocado fondo.
Las principales economías de los países industrializados han entrado en recesión y los efectos de ese hecho se notarán en las economías dependientes en los próximos meses. Para Colombia es una advertencia clara, pues la menor demanda de nuestros productos de exportación se reflejará en menores ventas y en menor producción. La Andi ha advertido sobre la caída en la producción y la recesión en el sector real. Fenalco ha señalado la persistencia de las malas ventas en el comercio y el deterioro en la actividad mercantil, incluso las tiendas de barrio están siendo afectadas por la caída en los consumos. Esa ilusión del supuesto blindaje de nuestra economía no deja de ser una imagen alejada de la realidad. El crecimiento económico no va a ser el esperado, y si no hay claridad sobre las medidas para apuntalarlo, no nos vamos a escapar del impacto de la crisis, como lo aseveró hace poco el Nobel Joseph Stiglitz.
El efecto más perturbador de la caída en la producción mundial será sobre el empleo y una disminución en los puestos de trabajo aumentará el número de pobres. La meta que se fijaron los países de las Naciones Unidas en el año 2000, de erradicar la pobreza extrema y el hambre, reduciendo a la mitad el número de pobres para el año 2015, será muy difícil de cumplir. Las empresas en su afán de reducir costos para capotear la crisis, pueden estar tentadas a disminuir el empleo. La política de algunos empresarios de mantenerlo es sana, pero se requiere para ello de una señal clara en las políticas oficiales. La disminución temporal en los aportes parafiscales a las pequeñas empresas, que son las que pueden generar más empleo, es acertada. Lo importante es que sea persistente y orientada a generar confianza en los consumidores.
La Oficina Internacional del Trabajo, OIT, está celebrando este año los 90 años de su creación y la meta que se ha fijado es la de la 'Justicia Social para una Globalización Equitativa', que consiste en la creación de empleos dignos, sustentada en el Programa de Trabajo Decente. Todos los miembros de la Organización "deben propiciar políticas basadas en los objetivos estratégicos a saber, la creación de empleo y el desarrollo empresarial, la protección social, el diálogo social y los derechos en el trabajo".
Esa es la prioridad. Crear empleos dignos. Es decir, aquellos que permitan a los trabajadores cubrir sus necesidades básicas de salud, educación y recreación. Es el marco adecuado para afrontar la crisis, pero no puede ser exclusivo de los trabajadores formales. Hay millones de trabajadores informales excluidos de esos beneficios y para ellos también debe ser la política. Ese es el reto enorme que tenemos.
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