Hernán Avendaño Cruz
columnista

¿Cuántos empleados públicos?

Para eliminar nóminas paralelas y recuperar esquemas transparentes de vinculación laboral, hay que partir de una medición adecuada. 

Hernán Avendaño Cruz
POR:
Hernán Avendaño Cruz
noviembre 22 de 2018
2018-11-22 08:31 p.m.
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El presidente Iván Duque anunció su propósito de “empezar por ponerles fin a las nóminas paralelas”. La propuesta encuentra respaldo porque se interpreta como un freno al crecimiento desbordado de una burocracia ineficiente.

Opinaba el físico y matemático inglés William Kelvin (1824-1907), que “lo que no se mide, no se puede mejorar”. Ese es un principio deseable en la gestión pública, que consiste en cuantificar el problema para diseñar una solución adecuada y evaluar el impacto de las políticas.

En ese contexto, para poner fin a las nóminas paralelas se debería partir de su tamaño y de la divulgación de una estadística periódica que informe cómo se va cumpliendo el objetivo de eliminación gradual que ordenó el presidente Duque en la Directiva Presidencial 09, del 9 de noviembre del 2018.

Pero hay un problema. Según la Comisión del Gasto, “en Colombia no resulta tarea fácil identificar el gasto que se destina al pago de la nómina (empleados y contratistas), así como el número de servidores públicos. Determinar el verdadero tamaño de ese gasto, en consecuencia, no es posible”.

Un intento de medición está contenido en el libro, recientemente publicado por Fasecolda, El empleo formal en Colombia. Realidad y retos (disponible en www.fasecolda.com). A partir de la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, se calculó que el total de empleados públicos a nivel nacional fue de 1,86 millones en el 2017; esa cifra es superior en 29 por ciento a la que estimó la Comisión del Gasto. La estimación muestra la siguiente composición: 463.000 son de planta, 412.000 de la fuerza pública, 322.000 son maestros y 663.000 independientes.

En el estudio de Fasecolda no fue posible la discriminación del total de empleos entre el orden nacional y el territorial, por carecer de la identificación de algunas entidades; pero con el 73 por ciento de los trabajadores se calculó que el 61 por ciento del empleo público es del orden territorial y el restante 39 por ciento del nacional (de ese cálculo se excluyen la fuerza pública y los maestros).

De los identificados del orden nacional, el 55 por ciento es de planta y el restante 45 por ciento son independientes. Como la Directiva Presidencial se refiere a las “las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional”, se colige que la población objetivo es una fracción del último dato.

Un elemento complementario para eliminar las nóminas paralelas es tener en cuenta por qué surgieron. Cómo lo sugiere la Comisión del Gasto, uno de los determinantes fue la decisión de congelar el crecimiento real del gasto de personal (Ley 617 del 2000); esto llevó al surgimiento de modalidades de contratación clasificadas en rubros de inversión. Otras fuentes del problema fueron la congelación de la planta, el que generó la provisionalidad de numerosos cargos, la pérdida de incentivos en la carrera administrativa y la creación de nuevas funciones del gobierno. Estos aspectos no se pueden perder de vista, pues no se trata solo de suprimir cargos, sino mantener y mejorar la calidad de la gestión pública.

En síntesis, por deseable que sea la eliminación de las nóminas paralelas y la recuperación de esquemas transparentes de vinculación laboral en el sector público, hay que partir de una medición adecuada; la base que tiene Fasecolda puede ser un buen punto de partida.

Hernán Avendaño Cruz
Director de Estudios Económicos de Fasecolda
havendano@fasecolda.com

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