En medio de la avalancha de críticas generada por el proyecto de ley de reforma tributaria que hace trámite en el Congreso, no se puede perder de vista el componente de política social.
Tal vez a fuerza de ver todos los días y por todas partes vendedores ambulantes y migrantes en actividades de rebusque y pidiendo ayuda, termina pareciendo normal que estén ahí. Pero se nos olvida que su situación es dramática y que antes de la pandemia se venían cocinando múltiples manifestaciones de inconformidad que siguen latentes, con el riesgo de explotar en cualquier momento.
La pandemia ha tenido dos efectos sobre ellas. Por un lado, las relegó a un segundo plano porque los debates están más sobre las olas de covid-19, en la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y en el proceso de aplicación de las vacunas; pero, por otro, hizo crecer la población vulnerable con los que perdieron sus empleos o vieron reducidos sus ingresos y entraron en condición de pobreza.
La exposición de motivos del proyecto de ley contiene cifras que evidencian la magnitud del problema. Si bien los ingresos se redujeron en todos los deciles como consecuencia de la pandemia, los más afectados fueron los de la población pobre; en los deciles 1, 2 y 3 disminuyeron en -56,8%, -32,3% y -20,1%, respectivamente, en septiembre-diciembre de 2020 respecto a 2019.
Los datos muestran que el incremento del desempleo repercutió en el aumento de los niveles de informalidad, especialmente en los deciles 3 a 7; es decir, en los segmentos de la clase media que perdieron sus empleos formales y que ahora están viviendo del rebusque.
La respuesta del gobierno fue el aumento de los giros de transferencias monetarias (Familias en acción, Jóvenes en acción y Colombia Mayor), la puesta en marcha de forma anticipada de las devoluciones del IVA y la creación del Programa de Ingreso Solidario (PIS).
Un análisis del investigador Jairo Nuñez comprobó que esta decisión contuvo parcialmente el aumento de la pobreza.
En ese contexto es relevante la propuesta del proyecto de reforma tributaria del Gobierno, en el sentido de fortalecer el mecanismo de transferencias monetarias con el Programa de Ingreso Solidario (PIS). Se busca no solo incluir alrededor de 2,4 millones de hogares pobres que no recibían transferencias en 2019, sino también a los que cayeron en pobreza como consecuencia de la pandemia.
Esta una excelente respuesta a la emergencia por la pandemia. Pero volver permanente el PIS demanda no solo estrictos mecanismos de graduación y la corrección de los problemas de focalización, sino otras reformas que rompan los incentivos a la informalidad que hoy bordea el 65% de la población ocupada.
Se trata de reformas a la financiación del sistema nacional de salud, una nueva arquitectura al sistema pensional y cambios en los regímenes parafiscales, como lo propone el equipo de Fedesarrollo liderado por Eduardo Lora y Luis Fernando Mejía.
Hernán Avendaño Cruz
Director de Estudios Económicos de Fasecolda