En las últimas semanas, las expectativas de crecimiento económico en el mundo se han venido deteriorando por la inflación, las políticas adoptadas para su control y los vaticinios sobre una posible recesión en los países desarrollados, factores que han contribuido a la significativa devaluación del peso. Ante el nerviosismo de los mercados, incluido el local, hizo bien el presidente electo en escoger al doctor José Antonio Ocampo como futuro ministro de Hacienda, pues su larga trayectoria y carácter técnico generan credibilidad y confianza entre los inversionistas que han reconocido a Colombia como un país comprometido con la estabilidad macroeconómica.
El doctor Ocampo ha dicho que, además de robustecer las finanzas públicas, el país requiere de políticas encaminadas a mejorar tanto la distribución de la riqueza como impulsar la productividad de las empresas. Para ello ha señalado que será necesario elevar la tributación de las personas naturales, hoy cercana al 1,2% del PIB, así como eliminar algunos beneficios tributarios a las empresas que no contribuyen a mejorar la competitividad sectorial, un diagnóstico alineado con recomendaciones de analistas y estudios como el de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios.
Ahora bien, para aprobar una reforma fiscal que permita mejorar la progresividad el sistema y reducir la incidencia de la pobreza, sin desmedro de la inversión y la actividad productiva, se requerirá del trabajo articulado entre el nuevo Gobierno, el legislativo y el sector privado incluyendo a la banca. En el proceso de mejorar la competitividad y productividad en el país, el sector financiero ha sido y seguirá siendo un aliado, y sin duda continuará contribuyendo de manera significativa a alcanzar los objetivos de desarrollo y equidad de corto y largo plazo del país.
Bien reconoce el sector financiero que será necesario redoblar esfuerzos para aumentar los niveles de profundización financiera y promoción del crédito en sectores tradicionalmente subrepresentados como los jóvenes, las mujeres, la población rural, así como en las Mipymes. Para esto, será fundamental que las autoridades y la banca afiancen su trabajo articulado para mejorar los niveles de educación financiera, de uso de garantías mobiliarias y estatales, la incorporación de nueva información que complemente la tradicional utilizada en el credit scoring, así como impulsar el uso de los medios de pago electrónicos, aspectos que pasan por mejorar la cobertura de internet en zonas más apartadas del país y desestimular el sobreuso de efectivo. Será imperativo avanzar en el desarrollo de un ecosistema de datos abiertos que permita hacer más eficientes los análisis para el otorgamiento de créditos.
El sector financiero cuenta con los instrumentos y la misión de contribuir al desarrollo del país. Su capacidad para irrigar crédito y gestionar el riesgo de manera responsable, demostrada en periodos de alta incertidumbre como el de la pandemia, será una gran aliada en el proceso de impulsar el desarrollo y el crecimiento económico inclusivo en los próximos años.
HERNANDO JOSÉ GÓMEZ R.
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