El déficit de cuenta corriente del segundo trimestre (6,3% del PIB) fue el nivel más alto desde 2015. A pesar del crecimiento sostenido de las remesas y el adecuado acceso a recursos de capital, la cifra genera inquietudes, pues ratifica esta fuente de vulnerabilidad macroeconómica y pone de presente las dificultades que ha tenido el país para incrementar sus exportaciones.
Colombia ha firmado 17 TLC que brindan la posibilidad de que nuestros bienes lleguen con condiciones preferenciales a mercados que representan cerca del 50% de la economía global. Gracias a estos, el arancel promedio efectivo en Colombia se ha reducido hasta bordear el 5,8% en 2020, nivel similar al de países como México y Chile.
Pese a lo anterior, el nivel de comercio como porcentaje del PIB sigue bajo y se ha mantenido constante durante los últimos años, bordeando el 27,4% en 2020, cifra inferior a la registrada por países como Perú (38,5%) y Chile (51,7%).
A esto se suma que nuestra participación en las cadenas globales de valor es baja e inferior a la de otros países como Brasil, Chile y México, lo que estaría explicado por lastres que han afectado desde siempre a la estructura productiva del país.
Sobresalen la protección efectiva negativa para muchos productos de valor agregado, las bajas economías de escala de la mayoría de nuestras empresas, su concentración en productos genéricos de baja tecnología y no de nicho, los rezagos aún presentes en infraestructura y logística, la elevada carga fiscal, un estatuto laboral con elevados costos laborales no salariales e inflexibilidades y la baja cobertura de internet y digitalización, aspectos que dificultan la exportación y generan incentivos a privilegiar el mercado local.
Debemos entonces trabajar en las propuestas derivadas de los no pocos diagnósticos que se han realizado para superar estos cuellos de botella, siendo el más reciente el de la Misión de Internacionalización.
En infraestructura, la Encuesta Nacional de Logística evidenció que los costos logísticos, que incluyen costos de transporte, almacenamiento, inventarios y administrativos, pasaron de 13,5% a 12,6% entre 2018 y 2020.
Si bien esto resulta positivo, se deberá adaptar la regulación para que lleguen a buen término los proyectos de 4G y 5G, con los cuales se espera que estos costos se reduzcan a niveles similares a los de nuestros competidores.
También requerimos reformas estructurales al mercado laboral que adapten su legislación al cambio tecnológico y reduzcan los costos de contratación formal.
Asimismo, es prioritario evaluar la pertinencia de medidas arancelarias y no arancelarias, además de prospectivamente balancear las cargas fiscales que enfrentan las empresas, muy por encima de los estándares Ocde.
Hernando José Gómez
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