En la discusión del aumento de la cobertura del IVA en la ley de financiamiento fueron varios los argumentos que se esgrimieron en su contra. Me propongo analizar los más reiterados por los analistas.
El primero es que el IVA es regresivo. La propuesta contemplaba la devolución cada mes, de manera anticipada, de un estimado de lo pagado por IVA a los hogares más pobres de la población, incluyendo lo que actualmente pagan sobre los bienes sujetos de IVA. Además, se asume que los hogares pobres realizan sus compras exclusivamente en comercios formales que cobran el IVA, lo que no es cierto. En este sentido los más pobres, con la ley de financiamiento, hubieran terminado con una capacidad de gasto superior a la que tienen hoy en día.
El segundo argumento es que es imposible llegar a los hogares pobres. Esto ya está superado, gracias a las diferentes plataformas que existen actualmente para hacer los pagos a los más de dos millones de hogares inscritos en Familias en Acción y un millón y medio de la tercera edad inscrita en el programa de Colombia Mayor. Así mismo, con la red de corresponsales bancarios que llega a todos los municipios del país, se podría cubrir a las familias pobres que no son beneficiarias de los programas del Departamento de Protección Social (DPS).
También se argüía que en el Sisbén hay mucho colado. Si bien esta base de datos se ha depurado muchísimo en los últimos años, la razón sería válida en términos de eficiencia tributaria, pero no de equidad, pues, de todas formas, los más pobres sí estarían cubiertos.
Otro argumento es sobre su impacto en la distribución del ingreso. Como ya vimos, la propuesta mejoraba el ingreso neto de los más pobres. Por otra parte, cerca de la mitad de los doce millones de trabajadores informales están por encima de la línea de pobreza, que hoy no pagan impuesto sobre la renta. Con esto, al menos estarían siendo gravados vía el IVA. Además, no es razonable que los mayores beneficiarios de las exenciones actuales seamos los colombianos de mayores ingresos.
Algunos manifestaron su preocupación por los impactos sobre la inflación y la actividad económica. El impacto es de una sola vez sobre el índice de precios y no tiene por qué convertirse en permanente, como se observó, incluso, en medio de la tormenta perfecta que constituyó el aumento de 16 a 19 por ciento del IVA en el 2017, el fenómeno de ‘El Niño’ que afecto la disponibilidad de alimentos y la devaluación de la tasa de cambio. El paso observado a precios fue de menos del 50 por ciento del teórico, siendo absorbido el resto por el sector productivo vía formalización y eficiencias.
El otro factor que es válido es el impacto sobre la actividad económica vía una contracción de la demanda que demora en recuperarse de seis meses a un año. Frente a esto se hubiera podido plantear un IVA diferencial que aumentara de manera progresiva en un periodo de dos a tres años. Obviamente, esto hubiera implicado postergar otros beneficios contemplados en la reforma.
En Colombia, pocos pagan muchos impuestos y muchos que debían pagar contribuyen poco, o no lo hacen. Es hora de comenzar a equilibrar la balanza tributaria para estimular la inversión y la equidad.
Hernando José Gómez
Exdirector del Departamento Nacional de Planeación