Hoy, la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país, así como la estabilidad social se encuentran en juego.
Más que nunca, es necesario que hagamos mayores esfuerzos para conciliar posiciones divergentes y construir acuerdos. En ese proceso de salir a flote de la crisis que ha traído la pandemia será muy importante conservar el grado de inversión.
Ese distintivo, que recuperamos en 2011, es el reconocimiento de los inversionistas extranjeros y las calificadoras de riesgo de que Colombia se ha caracterizado por la solidez de sus fundamentales y por el manejo responsable de la política monetaria y fiscal.
Es, sin duda, un gran activo de todos los colombianos, y que tan solo ostenta un grupo reducido de países del continente como Chile, México, Perú, Panamá y Uruguay.
La clave detrás del grado de inversión está en que ha permitido que el Gobierno y las empresas colombianas se hayan financiado a costos más bajos en la última década, lo que ha contribuido al dinamismo de la actividad económica y la inversión.
La crisis económica generada por la pandemia, el aumento del gasto social para enfrentarla y un recaudo tributario insuficiente, suponen serios riesgos para mantener este distintivo y conservar la sostenibilidad fiscal.
En este complejo escenario, los mercados parecen ya estar descontando su pérdida pues las tasas de interés de los bonos colombianos se han incrementado y se asemejan a las de algunos países con grado especulativo.
Si bien las experiencias registradas en otros países como Rusia, Brasil y Sudáfrica han mostrado que la pérdida del grado de inversión suele ser anticipada por los mercados y que quizás gran parte de las consecuencias se recogerían de forma progresiva, lo cierto es que los efectos serán notorios sobre las tasas de interés, los costos de endeudamiento (más altos entre 100 y 200 puntos básicos) y el déficit fiscal, vía mayor servicio de la deuda de hasta 0,3% del PIB.
A pesar de los movimientos de los mercados, el grado de inversión todavía no se ha perdido y aún podemos conservarlo.
Un primer paso será tramitar con celeridad una reforma fiscal menos ambiciosa, pero que estabilice la deuda pública cerca del 60% del PIB y que permita financiar instrumentos de gasto social para mitigar el aumento de la pobreza con el esfuerzo de empresas y personas de elevados ingresos y patrimonio.
En el mediano plazo, sin embargo, esto no es suficiente, y será necesario que, por medio de un diálogo amplio, hagamos una reforma verdaderamente estructural, que controle la evasión producto de la elevada informalidad y los insuficientes controles, pues del buen estado de las finanzas públicas dependerá la buena marcha de la economía y de la generación de de empleo.
Hernando José Gómez Restrepo
Presidente de la Asociación Asobancaria de Colombia.