El proyecto de Ley de Solidaridad Sostenible es una de las reformas fiscales más ambiciosas en los últimos años.
La iniciativa pretende aumentar el recaudo en cerca de dos puntos del PIB de manera permanente, elevar el gasto social y reducir la desigualdad, pues el coeficiente de Gini pasaría del 53,1% al 43,7% entre 2020 y 2031.
No obstante, el proyecto enfrenta una fuerte oposición, explicada tanto por el incremento en la carga tributaria de los asalariados de ingresos medios, la incipiente recuperación de la economía y el empleo, y por la agitación política de un año preelectoral.
Esto debe llevar a que el Gobierno calibre el alcance de las propuestas, basado en argumentos técnicos pues también son indispensables recursos adicionales para financiar las necesidades de gasto del fisco.
En materia de fuentes de financiamiento, incluye el crecimiento de la canasta del IVA gravada a la tarifa general del 39% al 46% y la devolución que llegaría hasta el 40% de los hogares para proteger a los más vulnerables.
En Imporrenta de personas naturales sobresalen la iniciativa para aumentar la base de declarantes, la disminución de la renta exenta del 40% al 25%, y la elevación de tarifas a los más altos ingresos, haciendo más progresivo el impuesto.
El Imporrenta para las empresas, la eliminación de beneficios tributarios sobre bienes no meritorios y el escalamiento de la tarifa que favorece a las empresas más pequeñas.
Gracias al mayor recaudo, se podría elevar el gasto social en al menos 0,5% del PIB. En este frente, sobresalen positivamente la expansión de ingreso solidario, en monto y número de hogares, y los incentivos al empleo formal, como la extensión del Paef.
Ahora bien, es indispensable recordar que, a nivel macroeconómico, el Proyecto de Ley de reforma debe lograr 1,5 puntos del PIB en mayor recaudo para estabilizar la deuda pública en cerca del 60% del PIB y a su vez financiar 0,5 puntos de gasto social adicional, enviar una señal a los mercados de ajuste fiscal que permita mantener el grado de inversión y, por esa vía, sostener bajas tasas de fondeo para el Gobierno, las empresas y los hogares. Por ello pensamos que se puede moderar el grado de ambición de recaudo de la reforma y al mismo tiempo lograr sus objetivos.
En la dirección de lograr la correcta calibración de la reforma tributaria, debe evaluarse el diferimiento de las medidas tomadas en las reformas anteriores que reducen el recaudo empresarial y la inclusión de elementos de lucha contra la evasión, como la limitación a las grandes transacciones en efectivo.
Es una reforma necesaria pero que debe ajustarse para lograr su aceptación en el Congreso y su legitimidad ante una sociedad altamente afectada por la pandemia.
Hernando José Gómez Restrepo
Presidente de Asobancaria
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