Recientemente, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó que para el año 2012 Colombia tuvo un superávit fiscal de 0,45 por ciento del PIB. Según la información disponible en la página web del Ministerio de Hacienda, este resultado se explica por un déficit del Gobierno Nacional de $15.440 mm, 0,5 puntos porcentuales del PIB, y por un superávit del sector descentralizado de 2,8 por ciento del PIB ($18.429 mm).
Aunque esta información habla bien de los esfuerzos realizados en materia de recaudo tributario, vale la pena discutir la conveniencia del superávit fiscal en un país donde hay claras necesidades de gasto público (rezagos en infraestructura, pobreza, diferencias regionales, etc.) y la deuda pública como porcentaje del PIB es baja para estándares internacionales (cerca del 30%), y tiene una tendencia decreciente.
El primer argumento a favor del superávit es de política contracíclica. Para poder aumentar el gasto público en momentos de recesión hay que generar espacio fiscal en épocas de expansión y, por supuesto, entre menor es la deuda, mayor es la capacidad de endeudamiento. En otras palabras, el superávit fiscal mejora la posición del país ante choques negativos en las variables que afectan sensiblemente el ingreso nacional.
Relacionado con el argumento anterior está el comportamiento del sector minero. Este ramo representa cerca del 8 por ciento del PIB, exporta gran parte de su producto y es fuente importante de recursos para el sector público. El primer problema es que los precios de las exportaciones mineras pueden fluctuar de manera brusca y, en ocasiones, impredecible. El segundo inconveniente es que los recursos mineros son finitos y, por lo tanto, las bonanzas mineras son, en general, transitorias. Por último, los booms de recursos naturales suelen producir apreciación de la moneda local y reducción del tamaño relativo de los sectores internacionalmente comercializables (enfermedad holandesa). En resumen, la probabilidad de un choque negativo al valor de la producción minera no es despreciable, y este generaría una caída importante en los ingresos del Gobierno y obligaría a un reacomodo sectorial traumático. En este contexto, el superávit fiscal ayuda a reducir los efectos nocivos de la enfermedad holandesa y genera el espacio fiscal necesario para enfrentar choques negativos.
El tercer argumento es tal vez el de mayor peso. Si el Gobierno Nacional y las Farc llegan a un acuerdo, y este es validado en las urnas, el gasto público tendrá que aumentar de manera sustancial. Para tener una idea de la magnitud de dicho incremento, basta recordar que, a raíz de la Constitución de 1991, el gasto público del Gobierno Nacional pasó del 13 por ciento en 1990 a 19 por ciento en 1998, y el gasto del sector público no financiero pasó de 24 por ciento a 38 por ciento en el mismo periodo.
Por supuesto, las circunstancias actuales son diferentes y no sabemos cuánto costarán los acuerdos, pero para que estos sean viables es conveniente seguir realizando esfuerzos en materia fiscal.
Hernando Zuleta
Economista
hernando.zuleta@gmail.com
