Vivienda gratis

El Artículo 51 de la Constitución colombiana reconoce el derecho a la vivienda digna.

Hernando Zuleta
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Hernando Zuleta
septiembre 14 de 2012
2012-09-14 01:56 a.m.

Además de ser un derecho, el acceso a esta implica disponibilidad de agua potable, energía eléctrica y alcantarillado, de manera que tiene efectos claros sobre la salud y la productividad laboral. No obstante, el déficit de vivienda en Colombia es superior al millón de unidades.

Para responder a este inmenso reto, en la década de los años 90, el Estado desarrolló una política de Vivienda de Interés Social (VIS) dirigida a los ciudadanos con menores recursos económicos. Sin embargo, el avance conseguido en materia habitacional en los últimos decenios es pequeño. Esto se refleja en la persistencia de desarrollos de urbanización de carácter informal y en el alto déficit en la materia.

Algunos de los problemas han sido identificados por analistas y académicos: falta de recursos fiscales, no hay interés del sistema financiero en la generación de crédito social, exceso y complejidad en los trámites, y falta de armonización de las normas de diseño. La identificación de estas dificultades ha generado cambios y ajustes en la política, y, probablemente, permitirá afinar los instrumentos de acción hacia el futuro.

En mi concepto, el dilema más grave que ha tenido la política de vivienda es que no ha llegado a las clases menos favorecidas. Los requisitos de ahorro y acceso al crédito han impedido que la población más pobre reciba subsidios para comprar casa.

En un país en el que la pobreza extrema afecta a cerca del 10 por ciento, estos requerimientos dejan por fuera del programa de vivienda a quienes más lo necesitan, es decir, a los que no tienen capacidad de ahorro.

En este orden de ideas, al otorgar subsidios del cien por ciento para la adquisición de vivienda, el Gobierno permite que los colombianos de escasos recursos puedan tener acceso a una vivienda digna y, de este modo, se comienza a solucionar el mayor obstáculo de la política de vivienda. El costo fiscal de dicho lineamiento es elevado, pero su retorno social es monumental.

Desafortunadamente, no es claro para mí cómo se enmarca el subsidio del cien por ciento dentro de la política general de vivienda, ni cuál es el procedimiento para asignar estas ayudas. No hay información acerca de los mecanismos para garantizar que estos auxilios lleguen a la población más pobre, y mucha gente piensa que no es justo que un grupo de individuos tenga que ahorrar, por años, para poder tener acceso a un subsidio parcial, mientras que otros gozan de dicha ayuda sin haber guardado un peso.

Creo que estas son dudas legítimas, y que el Gobierno debe explicar el plan en detalle. Evidentemente, el anuncio de las 100.000 casas subsidiadas da más réditos políticos que la descripción de los pormenores. No obstante, un análisis profundo requiere de información detallada.

HERNANDO ZULETA

ECONOMISTA

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