Horacio Ayala Vela
Columnista

De reformas y alcaldadas

Expertos ponen como ejemplo los niveles de tributación de países desarrollados, pero olvidan, mencionar los servicios que reciben sus ciudadanos. 

Horacio Ayala Vela
POR:
Horacio Ayala Vela
marzo 13 de 2019
2019-03-13 09:34 p.m.
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A medida que crece el ya enorme entramado de las normas tributarias, surgen aparentes sorpresas, que no siempre son tales: a veces se trata de estrategias para no llamar las cosas por su nombre. Es el caso de la eliminación de los beneficios por aportes voluntarios a los fondos de pensiones y a las cuentas AFC, que ha hecho ruido en los últimos días. 

En la versión original del proyecto, el Gobierno propuso la derogatoria expresa de este beneficio, la misma que fue retirada en el curso del debate, seguramente por la polvareda que levantó. Sin embargo, una norma con los mismos efectos se introdujo por la puerta de atrás mediante el artículo 79 de la reforma, que limitó de manera expresa las rentas exentas de las personas naturales. El hecho (que no afecta las cotizaciones voluntarias del régimen de ahorro individual), se ha evidenciado a raíz de la publicación de un proyecto de reglamento, pero está claro en la Ley.

Tampoco se entiende por qué se ignoraron, a propósito, dos sentencias de la Corte Constitucional: una que garantiza a los trabajadores independientes el derecho a descontar los costos y gastos necesarios para percibir sus ingresos, y otra que garantiza a estos trabajadores las mismas exenciones que se otorgan a las demás rentas de trabajo. Por el contrario, también resulta extraño que la nueva ley otorgue la exención del 25 por ciento a quienes vinculen “menos de dos trabajadores o contratistas asociados”. ¿Un nuevo mecanismo para “estimular la creación de empleo? Por otra parte, ¿quién va a querer poner sus pequeños ahorros en cuentas bancarias, con intereses de 2 por ciento anual, que ahora son gravables en su totalidad?

Lo peor de este universo de exacciones, es que aumentan en número y en valor a medida que se deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos expertos ponen como ejemplo los niveles de tributación de los países desarrollados, en particular los nórdicos, (y para estar más a la moda los miembros de la Ocde), pero olvidan, a propósito, mencionar la calidad y cantidad de los servicios que reciben a cambio sus ciudadanos. Por supuesto, el narcotráfico ha minado nuestra sociedad desde sus mismas raíces, pero los ciudadanos de bien no podemos entender por qué debemos pagar los costos de la corrupción, que ha llegado a contagiar hasta la propia justicia.

Y es que existen en nuestro medio paradojas muy difíciles de entender. Por ejemplo, en todos los municipios de nuestro país se cobra un impuesto al rodamiento de vehículos, pero en las grandes ciudades estos solo se pueden utilizar parcialmente, porque los gobiernos no construyen vías y dejan deteriorar las existentes, además del desgreño que es manifiesto en el ‘descontrol’ del tránsito. Para completar el cuadro de lo absurdo, las restricciones se incrementan dizque por efectos de la contaminación, pero el ciudadano es obligado a pagar todos los años por un examen técnico de su vehículo, que demuestra, entre otras cosas, que no contamina porque está dotado de los filtros adecuados. ¿Si el Estado obliga al ciudadano a probar que su vehículo no contamina, porqué lo obligan a inmovilizarlo para evitar la contaminación?

Horacio Ayala Vela
​Consultor privado
horacio.ayalav@outlook.com

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