Horacio Ayala Vela
columnista

¡No tan simple…!

Son muchas las leyes donde el propio Gobierno se pone unos plazos para el cumplimiento de una serie de obligaciones, que termina incumpliendo.

Horacio Ayala Vela
POR:
Horacio Ayala Vela
octubre 03 de 2019
2019-10-03 09:25 p.m.
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El Régimen Simple de Tributación, denominado así en la Ley de Financiamiento, no es tan simple como parece, tanto en su concepción como en su administración. Sin duda resulta más práctico que el denominado monotributo, al menos en el papel, en la medida que el grupo de contribuyentes que puede acceder al nuevo sistema es mucho mayor, lo cual ya se ha evidenciado en la práctica.

Sin embargo, no solo en este sino en otros apartes de la Ley (como en tantas reformas anteriores), se evidencia que sus redactores ignoran cómo y cuándo se van a aplicar las nuevas disposiciones. Se desconocen las verdaderas capacidades de la administración tributaria para poner en práctica los nuevos procedimientos; es bien sabido, por ejemplo, que existen grandes fallas en los sistemas informáticos, con un impacto directo y muy negativo para los contribuyentes.

El resultado, por supuesto, es una continua improvisación y en muchos casos es evidente la imprevisión. Las numerosas demandas contra esta nueva reforma tributaria, disfrazada con otra denominación, son el reflejo de la precipitación en la presentación del proyecto y del poco cuidado en su redacción y discusión.

Por ejemplo, el Parágrafo Transitorio 1 del artículo 909 de la Ley de Financiamiento señaló el 31 de julio como plazo máximo para que, quienes cumplieran requisitos, pudieran optar por régimen SIMPLE para el año 2019. Sin embargo, por decreto ese plazo se amplió hasta el 16 de septiembre. Surge la pregunta: ¿Son legales las inscripciones hechas entre 1 de agosto y el 16 de septiembre? De la misma manera, el Parágrafo Transitorio del artículo 915 de la Ley otorgó plazo a los contribuyentes del régimen Simple para adoptar el sistema de factura electrónica hasta el 31 de agosto de 2019; por resolución de la DIAN, ese plazo se amplió hasta el 8 de noviembre de 2019. ¿Le seguimos creyendo a las leyes, o a la legislación por decreto y por resolución?

Son muchas las leyes donde el propio Gobierno se pone unos plazos perentorios para el cumplimiento de una serie de obligaciones, que termina incumpliendo, –o improvisando–. ¿No es mejor legislar con base en elementos objetivos, midiendo la verdadera capacidad de la Administración Tributaria, sin crear caos y angustia en los contribuyentes? Y en la propia Administración, que algún día debe aprender a medir sus reales capacidades para manejar las innumerables “innovaciones” que surgen de la mente excesivamente creativa, pero poco práctica, de algunos parlamentarios y funcionarios. A propósito, ese régimen grava las pensiones y los dividendos desde el primer peso. ¿Lo saben los contribuyentes?

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Se nos fue Guillermo Perry; se van los buenos y los ciudadanos verdaderamente valiosos. Brillante, generoso con su país. Tuve la suerte de trabajar a su lado y compartir muchas de sus inquietudes técnicas y académicas, como cuando redactamos la reforma de 1995, indispensable, porque no había recursos para pagar las nuevas entidades creadas por la Constitución de 1991 -el gobierno anterior había incrementado las tarifas del IVA, pero de manera temporal- Tuve la gran fortuna de gozar de su amistad, aprender mucho y compartir hasta el humor negro. Mucho lo extrañamos.

Horacio Ayala Vela
Consultor privado.
horacio.ayalav@outlook.com


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