Entre las tareas encomendadas a la Comisión de Expertos Tributarios, la Ley 1739 señaló, en primer lugar, la de revisar la tributación de las entidades sin ánimo de lucro. Sin duda, es un tema importante a enfrentar en el propósito de reducir los índices de evasión y elusión, aunque existen dudas de que se pueda avanzar con firmeza, mientras la administración pública no administre y los organismos de control no controlen.
Las corporaciones, asociaciones y fundaciones se han creado desde que existe el Código Civil, pero nadie las ha controlado de manera efectiva; los organismos, supuestamente, encargados de esa tarea si acaso les piden los balances anuales. En el pasado, se creó un Comité en la Dian llamado a calificarlas, pero fracasó porque desbordaba su capacidad y carecía de herramientas efectivas. Si, como se afirma, las entidades sin ánimo de lucro reciben ingresos anuales superiores a 130 billones de pesos, pero tributan solo 200.000 millones, alguien debe controlarlas, pero de manera efectiva. Por ejemplo, se justifica crear una superintendencia especial para vigilarlas, pero desde su misma creación, para garantizar que cumplen con lo que teóricamente plasman en los estatutos.
Porque si bien es cierto la Dian debe prevenir y combatir la evasión, no se la puede responsabilizar por el funcionamiento clandestino de las ONG de fachada, que en el fondo son mecanismos de evasión de las empresas o negocios de sus fundadores y gestores, como ocurre con ciertas universidades y los innumerables ‘clubes sexuales’, verdaderos antros disfrazados de clubes sociales para violar las normas sobre venta de licor y protección a la niñez. Más allá del tema tributario, el Estado tiene la obligación de amparar derechos fundamentales de la sociedad, como la educación, la salud y la población desprotegida. La solución no se consigue gravando con el impuesto de renta a todas las entidades sin ánimo de lucro, las reales y las disfrazadas.
La proliferación de estas figuras y el nuevo escándalo de la justicia evidencian que en Colombia existe una verdadera crisis del derecho; se parte de la base de que todo vale si está consignado en un papel, porque para muchos empresarios y asesores todo lo que tiene visos de legalidad es ético. Con ese pretexto se constituyen o ‘reorganizan’ sociedades de fachada para robarse el IVA, para esquilmarle las tierras a los nativos o al mismo Estado, para esconder bienes y rentas en paraísos fiscales, para crear deducciones tributarias artificiales, para engañar a los inversionistas y a los socios minoritarios, etc. La ingeniería jurídica y financiera, destinada a crear mecanismos con apariencia legal para ganar dinero fácil y rápido, ya no tiene límites.
Según el Decreto 327 de 2015, la Comisión de Expertos Tributarios se debe reunir por última vez el 25 de diciembre. Confiemos en que la estrella de Belén y el espíritu navideño iluminen a estos magos para que encuentren soluciones; que el oro que traigan se invierta bien, no importa que, como de costumbre, el incienso sea para el Gobierno y el Congreso. Y ojalá que la mirra no resulte tan amarga para los contribuyentes.
Horacio Ayala Vela
Consultor privado
horacio.ayalav@outlook.com