Horacio Ayala Vela
columnista

Sorpresas de la Ley de Financiamiento

No han sido usuales en el país los tributos específicos sobre la renta a distintas actividades.

Horacio Ayala Vela
POR:
Horacio Ayala Vela
enero 15 de 2019
2019-01-15 08:39 p.m.
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La ley aprobada por el Congreso se parece muy poco al proyecto presentado por el Gobierno. Cumple algunos propósitos anunciados, como reducir la tributación a las empresas y apretar más el cinturón a los trabajadores, pero está por verse su verdadero impacto sobre las finanzas, cuando apenas empiezan a conocerse los buenos resultados de la reforma de 2016.

Trae aspectos rescatables, como la sustitución del inútil Monotributo por uno SIMPLE, que siendo voluntario permite a la Dian incorporar a los omisos. Positivo también el intento de diferenciar la factura de la boleta, como opera en Chile desde hace muchos años. Hubiera sido mejor simplificar también, por ejemplo, la contabilidad y el registro mercantil, reduciendo la tramitomanía, fuente principal de la informalidad. Positivos los esfuerzos, aunque incompletos, para gravar la utilidad real en venta de activos. ¿Por qué no se exige que los bienes poseídos en Colombia se declaren aquí, sin consideración a la residencia de su propietario?

En términos generales, los textos repiten las fórmulas de sus predecesoras, impregnadas de ingenuidad y desconocimiento de las reales capacidades de la Administración. Crean beneficios o reviven otros, como la estabilidad tributaria, el descuento en compra de activos fijos o el seguro de auditoría, adornados con innumerables requisitos, condiciones y filtros, que en la práctica han demostrado ser fuentes de evasión y elusión. Recordemos, por ejemplo, la Ley del Páez, que enriqueció a grandes empresas ajenas al desastre y a ciertos intermediarios deshonestos que se lucraron con ella, sin beneficio visible para las víctimas.

El enjambre de normas expedidas trae también sorpresas, como la extensión a los viajeros nacionales del impuesto de salida del país destinado al ICBF y el nuevo impuesto de quince dólares para los colombianos que ingresen en vuelos internacionales. Es usual encontrar países que cobran una tarjeta de turismo o el valor de una visa para el ingreso de viajeros extranjeros, pero resulta cuando menos exótico gravar con un impuesto al turismo a los nacionales que regresan a su patria; en este caso se ignora la tarjeta existente de ingreso al archipiélago de San Andrés. Llama la atención también el gravamen adicional para el sector financiero, porque no ha sido usual en la legislación colombiana establecer tributos específicos sobre la renta de las diferentes actividades. Puede peligrar su supervivencia, porque la Corte Constitucional ha expresado que la equidad tributaria se desconoce cuando se deja de lado el principio de igualdad en las cargas públicas.

Aunque no aparece en el proyecto del Gobierno, la reforma deroga el artículo 264 de la Ley 223 de 1995, que otorgaba a los contribuyentes el derecho y la garantía de utilizar la doctrina de la Dian en uso de su legítimo derecho a la defensa. Al Estado ni a los contribuyentes les conviene esta situación de inseguridad, porque da pié para incrementar el número de pleitos y las oportunidades de corrupción. ¿Quién gana con la derogatoria? Quizá funcionarios y/o intermediarios deshonestos, que encontrarían en la incertidumbre oportunidades de ‘negocios’. Si la experiencia dice que hoy nadie gana un proceso en la Dian, ¿Cómo será en adelante?

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