Con certeza, en los días venideros se iniciará la liquidación del complejo agroindustrial más grande de Colombia.
La inminente liquidación de Bioenergy, podría quedar en la historia como el fracaso del más ambicioso proyecto que impulsaría el desarrollo agro empresarial del país.
Luego de tres años de operación, el cierre de esta destilería de etanol de caña de azúcar se dará a pesar de ser una de las más modernas del mundo, con la posibilidad de producir el 25% del alcohol carburante que se le adiciona a la gasolina consumida en el territorio nacional.
El prematuro deceso esta compañía, ubicado en Puerto López-Meta, tendría importantes impactos en la Altillanura, en vista de los cientos de empleos que genera y el hundimiento de la inversión realizada por varias empresas que proveen a Bioenergy con parte de la caña usada para su proceso industrial.
En este mismo sentido, los inversionistas del campo recibirán un desalentador mensaje al presenciar el colapso del proyecto pionero de la agroindustria, al que le apostó el mismo Gobierno a través de Ecopetrol, convirtiendo a esta empresa petrolera en el propietario de casi la totalidad de las acciones de Bioenergy, quizás en su afán de incursionar en la agroindustria y los biocombustibles.
A raíz de las dificultades financieras para pagar a sus deudas, el pasado 31 de enero Bioenergy fue aceptada por la Superintendencia de Sociedades en la ley de insolvencia 1116 para efectos de una eventual reorganización.
Sin embargo, en las negociaciones posteriores de Bioenergy con sus acreedores, no se logró un acuerdo que fuera viable de cumplir por la empresa.
No fue posible un acuerdo debido al profundo ahogo financiero e inviabilidad económica de Bioenergy causada por los problemas estructurales con que lidia desde el inicio del proyecto de construcción.
Por tal motivo, el 26 de mayo, la asamblea general de accionistas de la sociedad decidió solicitar su liquidación voluntaria.
Los dueños de la empresa determinaron tirar la toalla ante el desolador panorama de la compañía en las condiciones actuales, en las que se padecen las consecuencias de haber financiado con deuda bancaria la mitad de un proyecto con expectativas de ser terminado en dos años, pero que finalmente se tomó siete, es decir tuvo un desafortunado retraso de cinco años.
Son demasiados los meses en que se causaron intereses bancarios sin venderse un solo litro de alcohol carburante, con el agravante de que los costos presupuestados se iban incrementando exponencialmente.
Cuando inició la construcción de la planta en abril de 2010 se estimaba un costo de 344 millones de dólares pero en su terminación, en abril de 2017, se contabilizó un valor de 850 millones de dólares.
También ha influido en la insolvencia de Bioenergy el hecho de que la planta solo ha logrado operar en la mitad de su capacidad, ello por déficit de materia prima, es decir, de la caña que se produce en las 20.000 hectáreas del proyecto.
Esta carencia de materia prima es ocasionada por el retraso que tuvo la construcción de la planta, dado que los cultivos estaban listos para su cosecha en 2012, cuando se esperaba el inicio de operaciones, pero al no haber sido cortada la caña se generó un desequilibrio natural del cultivo que lo deterioró y redujo sensiblemente su productividad.
Por esa razón la empresa y los otros proveedores de caña han tenido que dedicarse a recuperar esa productividad.
La novedad para el país y para Ecopetrol de un proyecto agroindustrial de estas dimensiones seguramente llevó a que se cometieran muchos errores en la planeación del mismo.
Posiblemente el gran desacierto está en la evaluación de selección a que se sometieron los oferentes, pues la propuesta económica de los mismos pesaba mucho más que la calidad técnica que lograban acreditar para realizar semejante obra agroindustrial. Los aspectos técnicos representaron sólo un 30% de la evaluación, mientras que los económicos un 70%.
Inicialmente, en abril de 2010, se le adjudicó la construcción de la destilería al consorcio Isolux Ingeniería S.A, pero después de una serie de incumplimientos Bioenergy le suspendió anticipadamente el contrato en abril de 2014 y en julio del mismo año se le adjudicó la terminación al consorcio Menegua.
La relación de Bioenergy con los dos consorcios se caracterizó por una gran cantidad de modificaciones en los contratos y el elevado incremento progresivo de los presupuestos.
Pero finalmente, a pesar de las muchas adversidades enfrentadas para su construcción y puesta en marcha, el país actualmente cuenta con una destilería de Etanol moderna, diseñada con tecnología de punta que la quisieran tener muchos países del mundo.
Lamentablemente, la incapacidad de pagar,en las condiciones actuales, una deuda que no ha de superar el billón de pesos, provocará el cierre definitivo de la operación de una empresa nacional que con la simple normalización de la proveeduría de su materia prima podría producir 150 millones de litros al año y con ello lograría ingresos de por lo menos 300 mil millones de pesos anualmente.
Es fácil predecir lo que pasará en el marco de la liquidación: la planta se venderá por partes a precios de remate barato, los cultivos de caña se destruirán con los consecuentes problemas fitosanitarios y cerca de 800 empleos directos se perderán.
Lo peor de esta tragedia empresarial será la pérdida de confianza e iniciativa de las personas del campo y de los inversionistas para emprender los proyectos de gran alcance agroindustrial que demanda el país, en aras de jalonar su productividad y competitividad.
Será un retroceso gigante que nos restringirá el anhelo de sembrar las 4.5 millones de sabanas fértiles aptas para la agricultura, que aún están desaprovechadas en la Altillanura.
La liquidación judicial en la que está entrando Bioenergy, solo podría reversarse ante la aparición de una formula financiera que sea viable para la empresa y aceptada por los acreedores, lo cual es difícil mientras las proyecciones de los bancos se basen en la accidentada historia de la empresa; por esa razón, es fundamental la participación del Gobierno con una operación de rescate financiero a una de sus empresas.
Aunque pueden existir muchas alternativas de solución que promueva el Gobierno, una opción que está a su alcance es comprar parcial o totalmente esa deuda por medio de una de sus entidades financieras de banca de desarrollo propiciando que la deuda sea capitalizada por una institución distinta a Ecopetrol.
De esa forma se podría oxigenar a Bioenergy y optimizar su actividad con un plan de negocios actualizado.
Es responsabilidad del Gobierno agotar todas posibilidades financieras para salvar un activo nacional de la mayor importancia, en el que no solo se han invertido muchos millones de pesos y esfuerzo, sino que también representa una pieza estratégica para el desarrollo agroindustrial, con su consecuente aporte a la seguridad alimentaria y energética del país.
Iván Darío Arroyave A
Ex presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia
