Recién pasadas las elecciones locales, el Ministro de Minas y Energía informó a los colombianos que, con ocasión del fenómeno de ‘El Niño’, tendríamos que pagar más por las tarifas de energía. Entre los argumentos detrás de la decisión, estaba que en medio del fenómeno climático existen problemas financieros en el sector térmico que debemos resolver los colombianos para prevenir un apagón, que se derive de la quiebra y eventual inoperancia de estos actores del sector.
La acción del Gobierno es un vergonzoso sofisma que quiere distraer a los ciudadanos de la realidad del sector y sus profundas fallas regulatorias. ¿Por qué? Sencillo, el problema detrás del aumento de tarifas no es el fenómeno ‘El Niño’.
El mercado de energía ha sido concebido para asegurar la confiabilidad en la oferta de energía y la cobertura de precios ante eventos como este, y para ello hemos pagado un seguro que nos ha costado más de 7 mil millones de dólares desde el 2006, el cual denominamos cargo por confiabilidad. En pocas palabras, el seguro está diseñado para mantener la oferta en firme de energía cuando hay estrés energético.
Hoy, con la decisión del gobierno queda demostrado que el cargo por confiabilidad ha estado mal diseñado, debido a que no solamente tendremos que seguir pagándolo, sino que ante la quiebra de las térmicas, que lo han recibido, tendremos que rescatarlos con más tarifas del bolsillo de los ciudadanos. Es una inaceptable vergüenza que hayamos asignado rentas a plantas que no brindan confiabilidad.
También es una vergüenza mayor, que el cargo por confiabilidad brinde el mismo ingreso a las plantas generadoras que existían antes del 2006 y a las nuevas que han invertido en infraestructura de generación. No puede ser confiable un mercado en el cual unos actores perciben gigantescos ingresos y otros están quebrados recibiendo el mismo cargo por confiabilidad. Hay una gran falla estructural en el diseño de la regulación.
¿Podemos confiar en las acciones del Gobierno? Muy poco. Como reacción a los hechos, se rumora que con la Resolución 109 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se quiere eliminar las plantas térmicas que generan con combustibles líquidos. ¿Cuál es el costo de reemplazar estos actores que hoy contribuyen con más de 2.800 gigavatios?
¿Por qué no reordenar y hacer verdaderamente efectivo el cargo por confiabilidad?
Frente a la quiebra de las térmicas, por un mal diseño de la regulación, por la falta de decisión política de reordenar un mercado con serias dificultades, para no incomodar a sus poderosos actores, la solución adoptada es socializar las pérdidas con los consumidores de energía, aumentando las tarifas por 36 meses, lo cual significa diferir el problema en el tiempo y no corregir las verdaderas calamidades.
Duele ver un Gobierno, que, ante la desaceleración económica, la asfixia tributaria, la inflación creciente y la pérdida de confianza, aumente las tarifas de energía para tapar su incompetencia en la gestión de un sector estratégico para el desarrollo.
Iván Duque Márquez
Senador
ivanduquemarquez@gmail.com
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