El último libro del historiadorbritánico Niall Ferguson es una especie de medicamento para abrir los ojos y vencer el ilusionismo de superioridad que permanentemente afecta a las naciones occidentales. La gran degeneración es una aproximación concreta a las causas por las cuales las instituciones se resquebrajan y las economías caen en un espiral de veloz declive.
Según Ferguson, Occidente está cayendo en lo que denomina un Estado estacionario, que padece de parálisis evolutiva, afectando profundamente la calidad de vida de la sociedad. Entre las causas enumeradas para ser arropado por esta tormentosa situación están el deterioro en el modelo económico, el cual se torna vulnerable a la captura de grandes intereses, impidiendo la generación continua de emprendedores en un marco sano de competencia y adecuada regulación; la pérdida de calidad y funcionamiento eficaz de las instituciones, y el deterioro en la participación de la sociedad civil.
Una de las instituciones determinantes para el progreso de una sociedad es el imperio de la ley. Desafortunadamente, las regulaciones excesivas y normas hechas a la medida de intereses particulares degeneran en el imperio de los leguleyos.
Los principios de un sistema judicial que promueva el progreso debe, a juicio de Ferguson, revisar las siete condiciones del jurista británico Tom Bingham. La ley debe ser accesible, clara y entendible. La aplicación de derechos debe basarse rigurosamente en la ley y no en interpretaciones discrecionales. La ley debe aplicarse a todos los ciudadanos en un plano de igualdad. Las responsabilidades asignadas a los funcionarios públicos deben ser aplicadas en aras del interés general sin abuso de autoridad. La ley debe garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales. Los procedimientos civiles para proteger derechos deben estar al alcance económico de los ciudadanos, y todos los procesos adjudicativos del Estado deben ser justos y expeditos.
En el imperio de los leguleyos, las regulaciones excesivas; la producción constante de normas y normas; el agigantamiento del Estado, justificado en la creación de agencias con especialidad vertical; la discrecionalidad en la toma de decisiones; el acomodamiento de las normas para darles tratamientos diferenciados a determinados ciudadanos por razones políticas y económicas o, sencillamente, un acceso costoso y eterno a los servicios judiciales para tutelar derechos y garantías contractuales, son el común denominador.
No hay duda de que Occidente está siendo amenazado por el legalismo y exceso de microrregulación. En EE. UU. se han creado centenares de medidas financieras, de salud y protección sectorial en los últimos tres años. En la UE se aprueban 18 normas diarias para salud, alimentos, transporte, energía, etc. En Colombia, el presidente del Congreso anuncia, con júbilo, la aprobación de 100 leyes en una legislatura, y en Brasil, debido a los trámites, pagar impuestos, liquidar una empresa o defender un contrato es eterno.
No reformar esta evolución degenerativa de los sistemas judiciales y regulatorios constituye la mayor debilidad institucional a la cual está expuesto Occidente.
Iván Duque Márquez
Autor de Pecados Monetarios
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