La verdad siempre sale a flote. Esta semana, el Consejo Nacional Electoral concedió la personería jurídica al partido político Farc y cabecillas de esa organización como los alias ‘Timochenko’, ‘Iván Márquez’, ‘Pablo Catatumbo’, ‘Carlos Antonio Lozada’ serán candidatos a la presidencia y el Congreso, sin siquiera haberse presentado a la justicia y haber pagado por sus crímenes, como tantas veces lo negaron los miembros del gobierno Santos.
Las Farc pasaron de la criminalidad a la política con el partido mejor financiado por el Estado, con 10 curules seleccionadas a dedo y sin tener que sacar un solo voto, con emisoras para difundir su ‘ideología’, con presencia en una comisión de seguimiento legislativo, etc. Lo más grave es que todos estos beneficios y concesiones llegan sin haber entregado la totalidad de sus recursos para reparar a las víctimas, sin haber entregado toda la información de los cientos de secuestrados reclamados por la Asociación de Víctimas de las Farc, sin dar claridad sobre la entrega de los niños reclutados ilegalmente, sin haber terminado el programa de desminados y sin haber brindado la información sobre sus rutas y socios en el narcotráfico.
Hoy, las Farc salen envalentonadas a desafiar un país, utilizando las mismas siglas del terrorismo para bautizar su partido y además siguen presionando la imposición de su agenda en el Congreso, valiéndose del poder de la mermelada para edificar sus caprichos como letra constitucional. Logran que el ‘paramilitarismo’ sea declarado ilegal, como si alguna vez hubiera sido legal, mientras en la otra mano buscan el reconocimiento de la ‘rebelión’ como una especie de derecho al servicio de los irredentos.
Mientras todo esto se conquista por las Farc, las ‘disidencias’ siguen haciendo de las suyas, controlando territorios cocaleros y de minería ilegal, haciéndole creer al país que se trata de muchachos díscolos. ¿Acaso no negociaron las Farc a través de sus cabecillas, como una organización monolítica?
El ambiente es aún más turbio cuando se discute en el Congreso la reglamentación de la JEP, la cual deja claro que se puede ser elegible con crímenes de lesa humanidad a cuestas y que ninguna sanción de la JEP afecta el ejercicio de los cargos de elección popular. Como si fuera de poca monta la burla, el cumplimiento de los castigos “transicionales” se aplican como jornadas de trabajo por horas.
Es aberrante que un país vea su Constitución manoseada, sus instituciones debilitadas, sus leyes acomodadas por cuenta de los clamores de impunidad de los peores criminales de nuestra historia. ¿Dónde está la dignidad nacional? ¿Dónde está la defensa de la legalidad? ¿Dónde están los límites a las aspiraciones de la delincuencia?
Cuando una valla con la frase ‘Timochenko Presidente’ fue puesta en la ciudad de Santa Marta en medio de la campaña por el Plebiscito, no cesaron las voces que manifestaron que se trataba de una exageración para engañar a los electores. Hoy, es una realidad posible, gracias al entreguismo institucional promovido desde la Casa de Nariño.
Las Farc pretenden burlarse de las víctimas y de todo un país. Nuestro deber está en derrotarlos en las urnas y hacer valer la legalidad, defendiendo el mandato popular del 2 de octubre de 2016.
