América Latina y el Caribe pasa por uno de sus mejores momentos históricos. Durante la última década, el promedio de crecimiento ha estado cercano al 4 por ciento, el índice de pobreza ha pasado del 48 por ciento en 1990 a menos del 35 por ciento en la actualidad; las exportaciones regionales entre el 2002 y el 2011 han aumentado casi un 160 por ciento; la inversión extranjera ha llegado a un récord que supera los 100 mil millones de dólares, el ingreso por habitante se ha mantenido en una tendencia creciente y representa en poder adquisitivo cerca de 10 mil dólares.
Desde una perspectiva social, la esperanza de vida ha alcanzado los 75 años, la mortalidad infantil se ha reducido un 50 por ciento y la cobertura en educación, salud y servicios públicos ha llegado a su punto más alto.
Todo esto evidencia progreso y una evolución ordenada de políticas públicas y un mejor marco de operación para la iniciativa privada.
Una de las ventajas que se vislumbra en nuestra región, en medio de este entorno favorable, está relacionado con que el promedio de edad se sitúa entre los 27 y 28 años, lo que nos presenta como un lugar lleno de juventud y, por ende, nos permite soñar con una abundancia de capital humano en edad productiva.
Aunque la juventud es un activo importante, existe un desafío que se ha minimizado, tal vez por nuestra misma tradición cultural de ignorar los problemas hasta que adquieren una dimensión que nos obliga a reaccionar.
Hoy, seis de cada diez mayores de 60 años carece de una pensión.
La situación es de tal importancia que, según la Cepal, los mayores de 60 años representan en América Latina y el Caribe cerca de 58 millones de habitantes, y se estima que para el 2035 constituirán un número superior a los menores de 14 años.
Si consideramos que sólo el 53 por ciento de los trabajadores aporta a la seguridad social y que el número de mayores de 60 años se triplicará para el año 2050, es urgente enfrentar el problema.
¿Existen entonces soluciones a la vista? La ampliación de las pensiones mínimas no contributivas a quienes lleguen a la vejez sin recursos para su subsistencia, con un monto suficiente para cubrir la canasta familiar básica, es una medida necesaria. De acuerdo a los cálculos realizados por la Cepal, llegar a este gasto representa, en promedio regional, 1,7 por ciento del PIB.
Por supuesto, cumplir con esta demanda requiere buena planificación fiscal. Pero estructuralmente, el desafío más importante consiste en fortalecer la agenda de formalización laboral, al igual que mejorar los incentivos para la contribución a la seguridad social.
En momentos donde hablamos de bonanza, es necesario entender que si el panorama de ausencia de pensiones no se corrige con medidas sostenibles, podremos, en menos de 20 años, borrar con el codo lo que hicimos con la mano.
Iván Duque Márquez
Analista -Consultor internacional
