En 1923, como consecuencia de la Misión Kemmerer, Colombia adelantó un importante marco de reformas económicas. Entre ellas estaba la formación de un banco central y la creación de la Contraloría General de la República. La razón por la cual la misión integró la política monetaria con el control fiscal, no era otra distinta a que las dos requieren coordinación, debido a que un mal uso de los recursos públicos tarde que temprano conduce a peligrosos riesgos monetarios.
Con la expedición de la Ley 42 de 1923, se definió que el titular de la Contraloría sería nombrado por el Presidente de la República y aprobado por la Cámara de Representantes y a partir de 1932, con el Decreto Ley 911, fue la Cámara quién quedó exclusivamente con ese poder nominador.
Reconociendo que por esta institución pasaron expertos en Hacienda pública como Carlos Lleras Restrepo o Alfonso Palacio Rudas, con el correr de los años el proceso de elección fue cayendo en las fauces de la politiquería. El proceso hizo que la entidad perdiera calidad técnica, para transformarse en un fortín burocrático.
Con la Constitución de 1991 se intentó corregir el problema, dándole a las cortes la capacidad de presentar al Congreso una terna calificada. La experiencia mostró que, debido a la constante injerencia del Congreso en la elección de magistrados y al voraz apetito de algunos miembros de las altas instancias judiciales, el remedio salió peor que la enfermedad.
Es lamentable que ante la evidencia se haya optado por el peor camino en la reforma de equilibrio de poderes. Se pretende que con una convocatoria pública sea el Congreso quien elija al titular del organismo de control fiscal, convirtiendo este cargo en un lacayo de los intereses y las mayorías parlamentarias de principio a fin.
¿Cuál puede ser la solución? Colombia necesita un contralor con solvencia técnica, dominio de la Hacienda pública y con unas condiciones éticas a toda prueba. Para garantizarlo es necesario que su terna provenga de una fuente independiente y con verdadero conocimiento de los asuntos económicos. Por eso sería valioso considerar que fuera la junta directiva del Banco de la República, quien, mediante un concurso público, le presentara al Congreso una terna idónea para su elección.
Un proceso así estaría más protegido frente a la politiquería, sería coherente con el vínculo entre la calidad de la política fiscal y sus efectos monetarios, reconociendo que son la Contraloría y el Banco de la República los principales comentaristas del presupuesto, y garantizaría idoneidad técnica y profesional. Además, debido a que la Contraloría fiscaliza todas las instituciones que administran recursos públicos, habría un proceso de separación entre la nominación y la selección que no causaría conflicto de interés, y tampoco la concentración institucional que descaradamente ha propuesto el Gobierno.
Ojalá la idea de fortalecer el control fiscal pueda ser salvada en la Cámara de Representantes, de lo contrario triunfarán los intereses partidistas sobre la calidad de las políticas públicas.
Iván Duque Márquez
Senador
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