Tras la muerte de Néstor Kirchner, Suramérica se ha volcado a la espera de conocer quién será su sucesor al frente de la Secretaria General de Unasur. Hay quienes han mencionado el nombre de Luis Inácio Lula Da Silva, argumentando que su candidatura sólo debe ser postulada hasta el momento en que deje el poder. Países como Colombia y Venezuela han presentado sus propios candidatos y no faltan quienes hablan de algunos ex presidentes en busca de resurrección, como posibles gallos tapados.
La verdad es que las funciones de la Secretaría General de Unasur, conforme al artículo 10 del tratado constitutivo firmado en Brasilia el 25 de Mayo del 2008, son poco concretas y más bien estrictamente administrativas y altamente dependientes de los órganos de mayor jerarquía, como para dudar de su real capacidad de influencia y gestión de grandes empeños integracionistas. Quizás por esta razón más que entrar en una intensa disputa electoral por un cargo operativo es mejor que los países debatan con rigor las bases y los principios con los cuales se quiere hacer de Suramérica una región unida en pro del comercio, el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza, como se reafirma en cada cumbre.
Desde la Declaración de Cusco el 8 de Diciembre del 2004, con la cual se creó la Comunidad Suramericana de Naciones, que luego sirvió de base a Unasur, se expresó la necesidad de estrechar la coordinación política y diplomática, fomentar una convergencia entre Mercosur y la Comunidad Andina, dinamizar el libre comercio, la integración física y el intercambio empresarial, entre otros. Estos mismos principios se mantuvieron vivos en Isla Margarita el 16 de abril de 2007, cuando, adoptando el nombre de Unasur, los países se aventuraron en dotar al embrionario organismo con un dinámico aparato deliberativo, compuesto de varios consejos de dialogo permanente.
Dicho todo esto, la actual estructura de UNASUR presenta serias fisuras. En aras de un consenso permanente, el organismo ha dejado de lado reafirmar valores y no ha sido enfático en fijar directrices claras sobre la democracia, la iniciativa privada, las libertades individuales y la institucionalidad comercial. Es imposible que haya verdadera integración migratoria, cuando no hay un compromiso explícito de lucha contra el terrorismo y ni siquiera los vecinos que han evidenciado la realidad colombiana y la amenaza constante a la democracia y las instituciones, tienen el gesto de declarar terroristas los grupos armados ilegales y combatirlos en su territorio.
Es infructuoso hablar de verdadera integración comercial cuando en varios países el pago a los exportadores de terceros Estados o las facultades de expropiación se manejan conforme al albedrío caprichoso de sus gobernantes y lo que es aún peor, ¿cómo se pueden brindar garantías a la inversión cuando las reglas de juego se cambian en función de intereses afines con las doctrinas de varios gobiernos?
Unasur no puede sustituir el sistema interamericano, ni mucho menos pretender una integración excluyente bajo un paraguas ideológico, pues sería un retroceso inaceptable. Más importante que una cuota burocrática, ejercida a título personal y al servicio de una estructura organizacional compleja, países como Colombia, Perú, Chile, Brasil y Uruguay deben velar por que la integración se base en los principios que han guiado su transformación y no en tolerar ambivalencias que atemorizan el comercio y generan incertidumbre.
