Esta semana la calificadora de riesgo Standard & Poor’s bajó la calificación crediticia de Colombia de BBB a BBB-, y el Banco Mundial y su índice Doing Business ya nos había ubicado en el puesto 59, cayendo seis posiciones en el último año del comparativo global entre 190 estados cerrando el año con dos amargas noticias económicas.
El resultado no podía ser otro para un gobierno que le apostó todo a una agenda jalonada por unas locomotoras que nunca vimos arrancar, y que aumentó los gastos permanentes basado en una bonanza transitoria, en una sucesiva toma de decisiones equivocadas que nos llevaron a terminar este año con uno de los peores crecimientos económicos de la última década.
Temas como la inseguridad jurídica, el incumplimiento de contratos, el cambio de condiciones y la alta carga tributaria contribuyeron a la obtención de los malos resultados, los cuales advertimos hace rato desde el Congreso de la República en debates de control político, y sobre los cuales los analistas y centros de pensamiento ya habían emitido varias alertas.
De los indicadores analizados por Doing Business debemos reseñar, con preocupación, el deshonroso puesto 177 que tenemos en materia de incumplimiento contractual, lo que no solo da cuenta de la tortuosa maraña en la que se ha convertido la contratación pública en el país, sino también de la rampante corrupción, la ausencia de transparencia en la contratación privada, y la creciente mora judicial y el cambio de condiciones que conspiran contra nuestro clima de negocios.
Por si fuera poco, la exagerada cantidad de consultas previas, el peregrinaje burocrático de ventanilla en ventanilla y de entidad en entidad, y el apetito insaciable de este gobierno por crearle una agencia o alto consejero a cada problema, ha derivado en un entramado incomprensible e inmanejable, que hace que nuestro sistema sea de hiperinflación normativa y de requisitos innecesarios y desgastantes.
Lo más grave es que difícilmente podremos obtener mejores resultados mientras sigamos con discursos anacrónicos de producción versus importaciones. De no conciliar una agenda medio ambiental con la producción minera. De entrabar las carreteras y la infraestructura con consultas, y de convertirlo todo en una agenda política inmediatista.
Con cinismo y arrogancia, el Ministro de Hacienda y el Presidente señalaban que la confianza inversionista se mantiene y que Colombia ha manejado su política económica de manera ordenada, nada más alejado de la verdad; tal parece que han leído otros reportes económicos, pues la realidad es muy diferente de aquella que nos quieren hacer ver con su desbordado optimismo, o su aparato mediático y de publicad estatal.
Ya lo habíamos advertido, la reforma tributaria de Santos no iba a ser la solución para frenar una caída de la calificación, ni mucho menos el antídoto para detener una caída de la economía. Al contrario, lo único que hizo fue socavar la clase media, afectar su capacidad de consumo, afectar al empresariado, estimular el contrabando y, en general, empeorar el panorama económico colombiano.
Seguir diciendo mentiras o comparándonos con economías destruidas como la venezolana no puede ser nuestro consuelo, el país debe enfrentar la realidad y tomar medidas urgentes.
¿Cuáles medidas debemos tomar? Lo hemos dicho muchas veces: Colombia necesita una reactivación económica que empieza por: i) eliminar el derroche y los gastos innecesarios del gobierno central; ii) reformar la administración pública; iii) fortalecer la fiscalización para reducir evasión de renta y de IVA, mínimo en 50 por ciento en los próximos tres años; iv) bajar impuestos a las empresas; v) brindar estabilidad jurídica de largo plazo a la inversión; vi) racionalizar el régimen de exenciones y promover las que se traduzcan en mayor inversión y generación de empleos; vii) diversificar la oferta exportable de Colombia; viii) fortalecer la industria del país e insertarla en las cadenas globales de valor; ix) fomentar el emprendimiento y particularmente el asociado con servicios ciencia y tecnología industrias creativas, biotecnología y agroindustria, y X) fomentar también el desarrollo agroindustrial de la mano con pequeños productores para la seguridad alimentaria nacional y para la exportación.
Solo con una agenda de recuperación económica integral como esta es posible que la Colombia del 2018 consiga contener esta caída de la economía y logre pensar en una reactivación que pasa por la generación de empleo formal, formalización laboral y por una política de gasto público mejor focalizada que supere el síndrome de este gobierno derrochón.
Esa Colombia sí es posible, pero exige un cambio. No podemos seguir esperando algo distinto si seguimos repitiendo los errores del pasado.
