El Presidente tiene la razón: no hay exigencia formal en la Constitución del 91 para que el Fiscal deba ser penalista (otra cosa es ver al Ministro del Interior ocupado de este asunto cuando debiera declararse impedido por razones obvias). La palabra 'inviable' es un vocablo ex novo, inventado por la Corte Suprema sin que exista precedente legal para enunciarlo.
En una clase se me preguntó la razón por la cual los grupos colegiados de trabajo se enredan en la toma de las decisiones cuando se supone que ellas deberían ser más limpias y eficaces. (Empezaba a saberles mal, a los alumnos, mi defensa del consenso y del trabajo en grupo). La lucha por el poder era una primera explicación, pero no suficiente: por muchos años se ha venido reforzando el papel presidencialista, por contraste con el sistema parlamentario, en desmedro del Congreso y de las cortes, y nadie lo baja ya de esa silla.
De esta manera, en tanto que los congresistas aparecen notoriamente subordinados al Palacio de Nariño, las cortes han tomado una posición rebelde. Con la contradependencia, uno de los principales síntomas que acusan los adolescentes cuando se separan bruscamente de la autoridad paterna, se anuncian las posiciones autónomas: esto surge cuando una parte pretende subordinar a otra para imponerle sus condiciones, y la otra no se deja.
La paradoja es que el sistema colegiado de las cortes no fue hecho para estimular esa lucha. Desde tiempos inmemoriales se ha convenido que la justicia es tan sensible, en cuanto toca fibras muy delicadas de los individuos, que se hace necesario un órgano superior para intermediar en las posibles arbitrariedades que se derivan del juicio individual a otros.
De allí la suposición de que las decisiones grupales tienen mayor deliberación, racionalidad y compromiso, y por lo tanto son lentas, pues es la manera como se ventilan las opiniones diferentes hasta alcanzar un consenso. Como las decisiones de las cortes son de largo plazo (las de corto plazo las toman los administradores de la rama), ellas deben poseer una alta calidad, casi invulnerables a las malas interpretaciones. Sólo así se explica el hecho de que son tomadas por hombres maduros, calificados por su experiencia y en una edad donde las pasiones están atemperadas.
Pero al interior de estos grupos jurisdiccionales se suceden sus propias batallas; por ejemplo, entre los especialistas de una rama con los ejecutivos pragmáticos. La diferencia de criterios entre los administradores con los técnicos, dieron al traste con las decisiones japonesas en Pearl Harbour (1941), los norteamericanos en Bahía Cochinos (1961), y en el famoso desastre del Challenger (1986), adjudicado sin dudas a una lucha soterrada entre los militares y los científicos. En estos tres casos, es preciso anotar que las decisiones grupales se fueron al suelo en favor de las razones políticas.
Lo que más le conviene al país en este nuevo choque de trenes, es el camino más expedito: la votación. Que los magistrados voten, indefinidamente como ha ocurrido en otras ocasiones, pero que voten. Esta debe ser su tarea y no inventar palabras-torpedo como pretexto de revalidar su independencia.
