El diseño de políticas de empleo desde perspectivas cada vez más locales o regionales se ha vuelto frecuente en el país. Se observa cómo los municipios, los departamentos, incluso las áreas metropolitanas, han empezado a hablar de políticas de empleo local. Esto puede demostrar la recuperación de un terreno perdido, pero refleja el fracaso de la política de empleo nacional, del modelo de desarrollo y de las falsas expectativas que sobre el crecimiento se han tejido, al confiar demasiado en un 'derrame' que no siempre se ha vertido.
Hay que decir que el margen de acción que tienen los municipios, los departamentos y las áreas metropolitanas sobre el empleo propiamente dicho, es casi nulo; por ello es que cada vez que intentan diseñar programas de empleo en los cuales el objetivo es lograr más ocupación, pues terminan tentados por la vieja e incierta receta de otorgar beneficios tributarios a los empresarios con la confianza de que así atraen más compañías y, por ende, aumentaría la demanda laboral.
Esta estrategia, que suena lógica, además de riesgosa e insegura, ha sido costosa, y no siempre ha traído los resultados esperados. Los costos están asociados con la renuncia que tienen que hacer los entes territoriales de unos recursos que les podrían servir para financiar programas de fortalecimiento empresarial, consolidar el servicio público de empleo, impulsar la investigación y el desarrollo, promover la asociatividad y la formalización empresarial y contribuir a superar las restricciones que tienen las pequeñas empresas para acceder a créditos, entre muchos otros aspectos, que deberían ser los elementos de una estrategia de empleo local.
Otra táctica utilizada por los entes territoriales ha sido el financiamiento de proyectos de infraestructura, la construcción de vivienda, las capacitaciones, el apoyo a emprendimientos y algunas ayudas puntuales a determinadas actividades; pero han sido medidas de choque, apuestas de corto plazo y con impactos absolutamente marginales sobre el empleo, con el agravante de que se ha contribuido a la precarización e informalidad laboral.
Por estas razones sería importante abandonar esta ortodoxia y entender que toda política de empleo tiene que estar atada o sujeta a una apuesta de desarrollo, ya que al desvincularlas pierden su razón y su esencia. Por ello, resulta conveniente hablar de políticas de desarrollo, en las que los entes territoriales dejen de estar pensando en cómo ayudarles a pagar menos impuestos a los empresas -salvo a las nuevas que al nacer necesitan de esta ayuda- y miren más en cómo ayudarles a solucionar sus problemas para que se sientan cómodas, seguras, tranquilas y puedan, incluso, ampliar su capacidad de producción. Para esto será importante conocer los problemas de los empresarios y aunar esfuerzos con las universidades y sus centros de investigación, así como con las cámaras de comercio, que pueden ayudar en asociatividad, fortalecimiento empresarial y formalización. Detrás de la apuesta de desarrollo se esconden los empleos que buscamos.