La economía se desplomó -6,8% en 2020 y la reactivación requiere 135 billones, según el Conpes 4023 o política para la reactivación. Más allá de la nula novedad programática en dicha política, el desplome de la economía y el financiamiento de la reactivación son el preámbulo de la inevitable reforma tributaria que se avecina.
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Según el viceministro de Hacienda, la reforma busca recaudar 15 billones de pesos. Una forma de lograrlo es mediante la ampliación del IVA a la canasta familiar. Esta medida afecta severamente a las personas de menores ingresos.
La respuesta gubernamental es que se compensará con su devolución, pero devolver parte del IVA sigue siendo un mecanismo poco efectivo y plantea serios desafíos logísticos y de administración; además de que se presta para fraudes y compensaciones incompletas. La idea, además de absurda, evade el debate sobre las verdaderas exenciones a las rentas más altas.
También ha dicho el viceministro: “creemos que es importante tener esa senda de recaudo que le dé tranquilidad a los mercados y a los inversionistas”. Esta es otra evidencia de la irracionalidad fiscal.
Hablar de tranquilizar inversionistas equivale a inclinar la balanza en contra de los ciudadanos. Significa privilegiar más las ganancias que las necesidades básicas de las personas y refleja la negación que existe hacia discutir mejores esquemas de redistribución del ingreso y programas con enfoque de derechos, como el horizonte de la renta básica o el ingreso de emergencia que han planteado algunos senadores, por citar un par de ejemplos.
El evidente sesgo hacia las finanzas y el capital es producto del enfoque dominante en las Ciencias Económicas, donde se sigue estudiando al Mercado y al Estado como agentes contrapuestos, sin incluirle otras fuerzas que los han capturado y cooptado, lo que ha generado nuevas dinámicas y reconfiguraciones espaciales en los territorios. Todavía hay mucho campo para avanzar en estudios sobre ilegalidad y su traslape con los mercados y el Estado.
A finales del año pasado expresaba con preocupación el director de la Dian, José Andrés Romero, que la mitad del dinero del narcotráfico se estaba lavando a través del contrabando. De esta manera, y aceptando que el Estado ha sido capturado por ricos e ilegales, las motivaciones de cualquier reforma vendrán entonces viciadas.
Con el nivel de captura que tiene el Estado y la manera como la ilegalidad se ha amalgamado con la legalidad, resulta muy difícil creer que las políticas vengan con un espíritu social. Riqueza e ilegalidad riñen con redistribución y democracia.
Luego trasladar impuestos y cargar más a los menores ingresos es mucho más que una política regresiva. ¡De ese tamaño es el alcance de la irracionalidad fiscal!