Tal vez resulte común decir que uno de los costos de la urbanización es el alza que produce en el precio de la tierra tras la presión ejercida sobre ella, y que, según las circunstancias, podría derivar en una burbuja. Pero sería aconsejable ir un poco más allá. La urbanización ha sido, tanto la respuesta a una creciente demanda que subyace de una movilidad social y de un crecimiento demográfico en las zonas urbanas, como la oportunidad que han visto los constructores al contraponer los planes de ordenamiento territorial contra las perspectivas de expansión de los municipios, sus potencialidades y atractivos y la relativa flexibilización para el acceso al crédito hipotecario.
Pero detrás de este proceso de urbanización emerge un problema que está siendo poco discutido y ha puesto en conflicto al desarrollo vía urbanización hacia ciudades más grandes vs. la seguridad alimentaria y los costos de garantizarla. El problema quizá radica en la forma como se está entendiendo el desarrollo económico en los territorios, la manera como se están valorando las necesidades de las personas que lo habitan y la evidente desarticulación en la planeación territorial que impide una buena gestión de los mismos.
El desarrollo está siendo entendido como la capacidad para albergar más gente en zonas residenciales, lo que implica construir más viviendas, más vías, disponer de un mejor sistema de transporte público en el mejor de los casos y recibir más turistas, sin mencionar lo atractivo que está resultado hablar de ciudades inteligentes. Estas ideas conducen a los alcaldes a actuar bajo esa línea sin ponderar igual otros temas, como la calidad del aire y la seguridad alimentaria. Y ese es el punto, que la urbanización va ocupando el lugar de los cultivos, luego el reto es encontrar el complejo equilibrio entre un conjunto de demandas sociales.
De allí que resulte fácil dejarse llevar por estas fuerzas –a veces incontroladas– de la urbanización, poniendo en riesgo la calidad de vida de las personas, ya que dichas fuerzas podrían terminar redefiniendo los usos del suelo, imponiendo nuevos precios y reduciendo la posibilidad de otras actividades económicas, como la producción agrícola, lo cual sería un problema mayor, pues mientras crece la urbanización y se reduce la oferta de bienes básicos, habrá que adquirirlos desde otros lugares, tal vez más lejanos y más costoso. Por lo tanto, acceder a una cesta de bienes básicos se puede difuminar, encarecer o escasear.
En síntesis, urge también pensar en garantizar el abastecimiento de bienes básicos, el cual, en muchos, casos no está ni siquiera bajo el control directo de los municipios, ya que dependen de otros con quienes muchas veces ni los alcaldes dialogan, así pertenezcan a la misma área metropolitana, lo cual es un contrasentido, pero retrata la realidad. Por ello es que vale la pena considerar que si el país rige su política monetaria bajo la estrategia de inflación objetivo, quizá haya un costo ‘objetivo’ que la está amenazando, tal vez, tanto como a su misma población.